Jueces y fiscales progresistas denuncian que el TC ha sido "arrastrado" por quienes "tienen secuestradas las instituciones"

Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han firmado un comunicado conjunto muy duro con la inédita resolución que en la noche del lunes dictó el Tribunal Constitucional, al paralizar por primera vez la tramitación en el Senado de una reforma legislativa. Ambos colectivos de tendencia progresista denuncian "la crisis institucional a la que nos han arrastrado quienes irresponsablemente tienen secuestradas las instituciones" y en la que enmarcan la decisión del tribunal de garantías.

En su nota, JJpD y UPF denuncian que tras el reciente 44 aniversario de la Constitución española confiaban en que "los distintos responsables institucionales fueran capaces de estar a la altura de lo que exige una auténtica democracia" y se pusieran fin a los bloqueos institucionales y las descalificaciones, lo que sin duda pasaba por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años bloqueado por el PP y en el que "un grupo de vocales sigue su misma senda obstruccionista, e impide la renovación del Tribunal Constitucional".

"Sin otra explicación que el seguidismo partidista, han sometido su condición de juristas y jueces a intereses de partido, impidiendo que el máximo garante de los derechos fundamentales pueda completarse y trabajar con plena eficacia. Ese doble boicot ha provocado la lógica reacción de los demócratas que reclaman que se cumpla con la ley y con las previsiones constitucionales respecto a la renovación periódica del CGPJ y el Tribunal Constitucional. Y este último, dividido y fracturado, ha dictado -por primera vez en nuestra historia reciente- una polémica resolución que agrava la crisis institucional a los que nos han arrastrado quienes irresponsablemente tienen secuestradas las instituciones".

Reforma legislativa

Confían en que el pleno de esta tarde en el CGPJ proceda a nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden y, si no lo hicieran, "propiciar una reforma legislativa específica que ponga fin a las maniobras de quienes se han encastillado en las instituciones y no piensan abandonarlas pese a que su mandato caducó".

"Reclamamos, en consecuencia, que los grupos parlamentarios propongan un proyecto de ley que propicie el nombramiento de dos magistraturas al Tribunal Constitucional por el CGPJ, superando la indebida prolongación de funciones que se mantiene contra ley y derecho", sostienen antes de instar a las presidencias del Congreso y el Senado "que propicien, por todos los medios legales, los periodos de sesiones necesarios para salir, cuanto antes, de la grave crisis institucional a la que nos han conducido quienes se apropian de las instituciones y desprecian la ley."

Y llaman a la "responsabilidad" para que los conceptos de "democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos" actúen de "vacuna" contra "la insensatez, el sectarismo y tacticismo que degradan las instituciones, con desprecio insultante al patrimonio de todos", afirman.