El 28 de septiembre de 2021, con la mascarilla puesta porque el virus seguía golpeando y las dosis de las vacunas se seguían suministrando, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reprendió a los diputados por un hecho desagradable que acababa de suceder, uno más. 

El diputado de Vox José María Sánchez llamó “bruja” a la representante socialista Laura Berja. Estaba sin uso de la palabra, pero el insulto fue notorio y la Presidencia de la Cámara, ejercida en ese momento por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidió al parlamentario que lo retirase (las manifestaciones hechas fuera de micro también las recoge el servicio de taquigrafía si son inteligibles) y le llamó al orden. Como se negó insistentemente a ello, la Presidencia repitió el requerimiento tres veces y le expulsó, tal y como establece el reglamento. Sánchez desobedeció, la sesión se suspendió. Al cabo de unos minutos muy tensos, el diputado de Vox aceptó que saliera el improperio de las actas, pero continuó en su escaño.

Batet, el 28 de septiembre de 2021, dijo varias cosas. Una: “Es importante recordar que las decisiones de la Presidencia en la dirección de los debates deben ser acatadas”. Dos: “Todos debemos tener la libertad de expresar nuestras posiciones políticas, todos, pero demasiadas veces el uso de la libertad de expresión es usado de manera inadecuada, proyectando insultos y ofensas a personas e instituciones. Y eso no lo podemos permitir”.

Tres: “Si hacen una reflexión, llegarán a la conclusión de que no estamos afrontando los debates en los términos adecuados, en absoluto, ni estamos proyectando lo que queremos a la sociedad”. Y cuatro: “la obligación que yo me he puesto desde el minuto 1 es la de asumir la defensa del decoro de esta Cámara y de la dignidad del Parlamento de España (...) Creo que la sociedad española lo merece y para ello cuento con su colaboración”.

Autorregulación

Fuentes de la Mesa del Congreso indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que una de las máximas establecidas para la dirección de los debates, siempre bajo la premisa de que las decisiones de quien ejerza esa dirección serán irrebatibles, fue la flexibilidad. Entrañaba riesgos la decisión, como se ha comprobado en numerosas ocasiones esta legislatura, porque una apuesta por la laxitud obliga a contar de antemano con la implicación y el compromiso de los oradores. 

La decisión de Batet, verbalizada en la alocución del 28 de septiembre de 2021 y verbalizada, aunque ya con matices, esta semana, se basa en la libertad de expresión. En un lugar como el Congreso hay que andar con cuidado al respecto. Limitar esa libertad, condicionarla, puede resultar contraproducente, incluso en épocas de encono e ira como estos últimos diez días.

En consecuencia, por mirarlo de otra manera, si se hace, pueden surgir muchos problemas. Ya se está viendo. ¿Debe retirarse el término “fascista”? ¿Debe pasar lo mismo con “filoetarras”?

El martes pasado, en la reunión de la Junta de Portavoces, que fue más tensa y larga de lo habitual, la presidenta del Congreso se reservó la última intervención para zanjar la discusión que había surgido entre los grupos sobre qué hacer para acabar con las ofensas y los ataques y las faltas de respeto. Pidió contención y responsabilidad, como el pasado 28 de diciembre, pero añadió un nuevo factor: será más estricta en la aplicación del reglamento, que tiene artículos que delimitan el campo de juego. 

El reglamento

Por orden. El artículo 32.1, sobre las funciones del presidente del Congreso, dice que “ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de los mismos (...)”. El 32.2: “Corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”. 

Siguiente, el 33, que dice esto: “Los vicepresidentes, por su orden, sustituyen al presidente, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éste. Desempeñan, además, cualesquiera otras funciones que les encomiende el presidente o la Mesa”. Es pertinente recordar este precepto porque si el vicepresidente primero, el socialista Gómez de Celis, dirige los debates es porque la presidenta se ausenta y entonces él se convierte en la máxima autoridad.

Más artículos, ahora el 102 y el 103, que son, respectivamente, el que regula las llamadas a la cuestión, es decir, las peticiones al orador para que se ciña al motivo del debate y no a consideraciones ajenas, y el que define las llamadas al orden, o en otras palabras, las exigencias de no faltar al decoro de los demás miembros de la Cámara o de otras instituciones. A éste hay que añadir el 104, que evidencia la autoridad de la Presidencia, bien para expulsar al orador, bien para sancionarle o bien para ordenar retiradas de expresiones indecorosas de los diarios de sesiones. Esa autoridad de la Presidencia se blinda, además, en el artículo 72 de la Constitución.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante el pleno celebrado este jueves, en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/Javier Lizón

Cuando Batet comunicó el martes pasado a los portavoces de los grupos de que será más estricta en la aplicación del reglamento, se refirió a que ejecutará sin tanta elasticidad las llamadas a la cuestión, las llamadas al orden y las órdenes de exclusión de expresiones de las actas de los debates. Y si no ella, quién ejerza la Presidencia. Dependerá de la habilidad de quién ocupe el puesto el desarrollo más o menos pacífico, más o menos tumultuoso, de las sesiones.

El reglamento, en resumen, consagra la autoridad del cargo, el de más elevado rango de la Cámara, de manera que no ha lugar a que sus decisiones sobre las sesiones puedan reconducirse. 

Los intentos de los grupos

La manera de asegurarse de que la Mesa somete a deliberación cómo conducir las sesiones plenarias es enviar un escrito. Es lo que han hecho Vox, BNG y Cs durante los últimos diez días.

El grupo que dirige Iván Espinosa de los Monteros se dirigió a la Mesa el pasado 24 de noviembre, tras el incidente entre su representante Carla Toscano y la ministra de Igualdad, que es el detonante de lo que ha pasado después, para instar a una reprobación del secretario tercero de la Mesa, el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez por haberse dirigido a Toscano verbal y gestualmente, algo que los integrantes del órgano de gobierno de la Cámara deben evitar, cabe puntualizar. 

Pero no sólo eso. También pidió a la Mesa garantías de “una aplicación objetiva, ecuánime e igual del reglamento del Congreso en la protección de los derechos que asisten a todos los diputados y grupos (...), poniendo fin así a la permisividad que en estos momentos se observa en perjuicio del grupo parlamentario que suscribe”. Espinosa de los Monteros quiere, por tanto, que en los debates se apliquen las mismas reglas para todos.

Un día más tarde, el diputado del BNG Néstor Rego registró su petición a la Mesa. La suya da con la clave de la polémica: el uso del derecho a la libertad de expresión, sus contornos, sus límites. ¿Ha de haberlos? El parlamentario gallego fue llamado al orden en la sesión plenaria de la víspera por referirse a la monarquía como una institución “anacrónica y corrupta”. La expresión fue retirada del diario de sesiones.

Rego hace una consideración fundamental: “En el libre ejercicio del derecho de expresión y para mejor ejercicio de su cargo, todo diputado o diputada tiene la libertad de realizar las críticas y valoraciones sobre las instituciones y las personas que las representan o conforman, siempre atendiendo a su labor pública e institucional. Realizar una valoración negativa del papel de una institución no es un insulto o una falta de respeto a la misma que deba ser reprochada”.

A Rego le extrañó, además, que se le anunciara la retirada de la alusión del diario de sesiones cuando manifestaciones similares hechas antes por él mismo sí figuran en las actas. No entendió bien el cambio de criterio, y por ello, a futuro, plantea la siguiente exigencia: que se reconozcan “el libre ejercicio del derecho de expresión” y “el ejercicio del deber de participación política de los representantes de la ciudadanía”. Corolario: que el campo del debate sea muy ancho.

El último de los escritos recibidos por la Mesa hasta la fecha es el que Cs dirigió el pasado miércoles, a raíz de la retirada del exabrupto “filoetarras”. Lo verá en la próxima reunión. Para la formación de Inés Arrimadas, la decisión desvela “una utilización partidista y arbitraria de la Presidencia de la Cámara”, y por ello, solicita “una relación de criterios neutrales y claros por los cuales” llevar a cabo la exclusión de “expresiones, vejaciones e insultos”.

Vox y Cs, cada uno a su modo, quieren concreción. BNG, no. Unos quieren pintar las líneas del campo; el otro, que no haya. Es justo el debate que vivieron los nueve integrantes de la Mesa el martes pasado, antes de que la controversia se expandiera a la Junta de Portavoces. Fuentes del órgano parlamentario cuentan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que PSOE y PP tuvieron claro que la autoridad de los debates no se cuestiona. La llave la tienen sus señorías. En su responsabilidad y respeto descansa en gran medida la aparición de la solución, la distensión del ambiente, el cese de la tormenta. 

A los escritos de Vox y BNG se envió la misma respuesta: que las decisiones de la Presidencia de la Cámara para la conducción de los debates no se revisan. A Cs se le enviará exactamente lo mismo.