El Parlamento Europeo y la Abogacía del Estado, en representación de España, coincidieron este jueves en reclamar al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que rechace el recurso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra la carta de diciembre de 2019 que el entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ya fallecido, envió a la diputada Diana Riba y otros 37 diputados que reclamaban que se concediera amparo al político catalán y se le reconociera su inmunidad frente a las euroórdenes cursadas en su contra por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El representante de la Cámara fue tajante: no se puede impugnar una carta, porque en ella solo se indicaba que esa petición solo la podía realizar el afectado y no eran ninguno de los solicitantes. Su oposición a la misiva, enviada el 10 de octubre de 2019, cuatro días antes de que se volvieran a reactivar las euroórdenes en su contra por el delito de sedición, tras conocerse la sentencia del 'procés', podía haberse subsanada solicitando una aclaración, no recurriéndola ante el TGUE (especie de primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión -TJUE-).
Contradicciones
En una breve defensa de los argumentos en los que basa su demanda contra el Parlamento Europeo, el abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, alegó que la reclamación española contra su cliente no está aún en la fase de juicio oral y que el Reino de España había hecho alegaciones que no coincidían con las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo y el Constitucional español, lo que desde la Abogacía del Estado se rechazó.
La representante de España, Andrea Gavela, aseguró que los autos y sentencias aportados están a disposición del tribunal en la base de datos del Poder Judicial español, pero anonimizados por protección de datos, por lo que no existe posibilidad de tergiversación. Añadió que ninguna Cámara puede pedir a un tribunal que paralice una investigación, por la separación de poderes, y que el suplicatorio no es necesario una vez dictado el procesamiento, según la legislación española.
El tribunal duda
Pese a que la vista de este jueves ha resultado superada por la que se celebrará este viernes, de la que realmente depende la inmunidad, la Sala Sexta quiso aclarar todas las dudas que le habían surgido tras oír las alegaciones de las partes.
La presidenta del tribunal, Anna Marcoulli, centró en un primer momento sus preguntas en el Parlamento Europeo. Se interesó en la inmunidad de los parlamentarios de los distintos países y, en concreto, de los diputados y senadores españoles. A continuación le llegó el turno a Gonzalo Boye, que defendió su recurso explicando que la carta tuvo efectos jurídicos, porque si Sassoli la hubiera tramitado a la comisión jurídica, Llarena no habría podido cursar las euroórdenes.
Según Boye, tenía la obligación de comunicar la petición a la comisión parlamentaria y no de rechazarla directamente. La presidenta del tribunal le preguntó entonces si creía que de haberse tramitado la misiva hubiera paralizado el procedimiento judicial que se seguía en España contra los huidos desde que fueron citados por los tribunales españoles. Durante la vista, el letrado aseguró que residían en el extranjero desde mucho antes de que se formulara una acusación contra ellos, en referencia al procesamiento.
