El Ministerio de Igualdad culpa a los medios de comunicación de la alarma social generada por el efecto de la ley del sí es sí, que ha permitido múltiples de rebajas en penas a agresores sexuales, y ha provocado una cascada de peticiones de revisiones de sentencia. La delegada del Gobierno sobre Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido a no informar sobre estas peticiones porque "son parciales" y las realizan "abogados de violadores que quieren ver reducidas sus penas".
"Dejemos de hacernos eco de que las defensas piden revisar sentencias, como cuando en su día pedían absoluciones y sus clientes están condenados", ha señalado la magistrada, que ha insistido en que "las defensas piden algo parcial" y ha lanzado una sugerencia a los medios de comunicación. "Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres", ha insistido, antes de recordar que "lo piden abogados de violadores que quieren menos penas". Entre las últimas peticiones está la del abogado de los miembros de La Manada, que fueron condenados por abuso sexual -y no por agresión-, generando una reacción social que sirvió de germen para la norma.
La dirigente ha hecho más tarde referencia al "alarmismo propiciado por las defensas y por la inseguridad de tener criterios [judiciales] dispares entre sí". "La reforma de códigos penales tienen un periodo de adaptación que dura unas pocas semanas, y lo estamos viviendo con cierto alarmismo comunicativo y social". "Sin tanto alarmismo veremos cómo quedan al final los autos".
Rosell ha insistido en cerrar filas con "esta magnífica ley de garantía sexual". Ha asegurado que las rebajas de penas se han producido "no por falta de ningún elemento en la ley o errores en la tramitación", y lo ha vuelto a achacar a una interpretación errónea de la misma por parte de los jueces. En este punto, ha llamado a pronunciarse al Tribunal Supremo y a la Fiscalía para que emita una "nota o una circular" en la que inste a aplicar la legislación en el sentido favorable al Gobierno.
