No corren buenos tiempos en la relación PSOE-Unidas Podemos. Quizá sea el peor momento de la coalición. Las aguas bajan revueltas desde hace semanas, pero este martes se han agitado aún más debido a la diferente interpretación que han hecho de las rebajas de las condenas a agresores sexuales, lo que las instancias judiciales achacan a la entrada en vigor de la ley del 'sí es sí'.

Donde el Ministerio de Igualdad ve una lectura "reaccionaria" de los jueces, María Jesús Montero, número dos del PSOE, ve la necesidad de revisar de la norma. En otras palabras: mientras Unidas Podemos descarta que el problema sea la ley, el PSOE cree que está en la ley.

Sí, malos tiempos para la coalición, en la que no cesan las disputas. ¿Se va a romper? Ínfimas posibilidades, sobre todo porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han comprometido a llegar hasta el final de la legislatura (queda un año) y porque los asuntos pendientes, para culminarlos, mejor trabajarlos juntos antes que por separado. Y esto lo saben en Unidas Podemos, a pesar de las tensiones y del malestar, que haberlos, haylos.

Fuentes de la formación "morada" destacaban hace unos días a este medio que "se han roto demasiados puentes" en la conexión con el PSOE y que la "relación de confianza" se había deteriorado. De ahí al divorcio, un terreno inmenso. La idea es gestionar las discrepancias, pero también buscar la estabilidad como sea. Los tiempos, efectivamente, se han oscurecido y habrá que estar atentos por si arrecia la tormenta.

El Congreso de los Diputados es un escenario idóneo para testar la salud de la relación. Se encuentran en tramitación dos normas que han destapado las discrepancias profundas entre los socios de Gobierno. Repaso:

Una. Ley de bienestar animal. El PSOE quiere sacar a los perros de caza y a los de las fuerzas de seguridad del Estado del escudo del proyecto y Unidas Podemos, no.

Dos. Ley trans. Posiblemente el lugar en el que las tirantes entre las dos formaciones son más estridentes y, quizá, más difíciles de arreglar. Los socialistas han registrado enmiendas para que sea obligatoria la autorización judicial en los procesos de cambios de sexo en menores de 13 a 15 años. Unidas Podemos lo rechaza de plano.

Aquí, en especial en la segunda, se localizan los focos de mayor conflictividad. Puede que haya más porque el Congreso se ha metido en una vorágine legislativa de alta intensidad que tocará, además, una nueva ley para aplicar el impuesto a los bancos y a las eléctricas (esto parece lugar pacificado) y otra para reforma el Código Penal y reemplazar el delito de sedición, y quien sabe, el de la malversación. Sobre esto no reina la concordia entre socialistas y "morados", y este mismo martes el portavoz de la confluencia, Pablo Echenique, ha expresado sus dudas. Cuidado con cómo afecte a las penas por corrupción, ha venido a decir.

Más lejos se ven la reforma de la ley del aborto o el trámite, si es que alguna vez se produce, de la nueva regulación de las políticas de vivienda, en donde la distancia de separación es grande.

Irene Montero

La llamada ley del 'sí es sí, que se llama oficialmente ley de garantía integral de la libertad sexual, se aprobó definitivamente el pasado 25 de agosto después de que el Congreso levantara una enmienda del Senado. La entrada en vigor estaba preparada para el verano, pero en la Cámara Alta grupos como JxCat y el PP, con el apoyo de ERC, entre otros, jugaron sus bazas con habilidad y demoraron el procedimiento un par de meses.

En el Congreso, justo antes de enviar el proyecto al Senado, hablamos del 26 de mayo, 201 diputados y diputadas votaron a favor. 140 en contra. El grado de respaldo fue elevado, en lo que resultó clave una decisión de última hora del PSOE. Decisión que motivó una maniobra imprevista, o por ser más precisos, no bien calculada por la dirección socialista, encabezada antes por Adriana Lastra.

Resulta que la ex vicesecretaria general del PSOE, junto a las parlamentarias Laura Berja y Andrea Fernández, de su núcleo duro en aquel momento, alentó la inclusión de una enmienda para modificar el Código Penal y acabar con la prostitución. Ni Unidas Podemos estaba de acuerdo, ni en general los aliados parlamentarios habituales, desde Esquerra a EH Bildu o al PNV. El PP, tan partidario como el Partido Socialista de la abolición, actuó con ambigüedad. Podría dar el sí a la enmienda, pero no al dictamen. Y los socios en el Congreso dijeron que si entraba la enmienda, rechazarían el dictamen. El texto estuvo muy cerca, muy, muy cerca, del rechazo.

Actualmente, la ley contra los puteros lleva otro camino, está en trámite de hecho, y no es precisamente un territorio en el que PSOE y Unidas Podemos compartan voz y criterios. Queda demostrado, así, que son las políticas de igualdad, las del Ministerio de Irene Montero, las que pueblan la zona conflictiva de los socios. En la lucha contra la violencia machista no ha habido discordancias graves, pero en la ley trans las hay. Laten en otras como la de trata o contra el proxenetismo. Latieron incluso en el procedimiento de redacción de la ley contra la discriminación, la 'ley Zerolo'.

Polémica que no cesa

El recorrido de la norma de garantía de libertad sexual ha sido arduo, incluso desde la fase preliminar de composición entre ministerios. El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de que fuera un proyecto rumbo al Congreso, mostró algunas advertencias, en especial la del riesgo de rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales, a violadores, por ejemplo.

La advertencia se está haciendo realidad a tenor de determinadas sentencias. La Audiencia Provincial de Madrid ha reducido de 6 años y 9 meses de cárcel a un año y tres meses la condena a un abusador de menores, tal y como ha informado este medio. El diario El Mundo ha ido contando sentencias similares, como la rebaja del castigo a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, de ocho a seis años de prisión.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha achacado las decisiones judiciales a una interpretación judicial "voluntarista", "reaccionaria y sorprendente". "Hay una mala aplicación de la ley y mucho ruido por parte de quienes más interesados están en ello, los abogados de los agresores", ha destacado. Junto a ella, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez ha puesto el foco en los sesgos de género del poder judicial.

Pero, en el Senado, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha abogado por estudiar la norma. Según sus declaraciones, el objetivo no es rebajar las penas por abusos a menores, sino todo lo contrario. "Por lo tanto, habría que estudiar tanto las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara y el propio texto legal", ha asegurado, tal y como ha recogido Europa Press.

La del 'sí es sí' es una ley bandera del Ministerio de Igualdad, de momento la más relevante y significativa del departamento de Irene Montero. Que PSOE y Unidas Podemos hayan mostrado visiones tan distintas respecto de las sentencias que están firmando algunos jueces, precisamente a raíz de la entrada en vigor de la norma (es lo que explican), ilustra una distancia. Una distancia considerable. La de la tensión política que en el seno del Gobierno, y a un año de las elecciones generales, está aflorando sin cesar.