Una nueva cuesta en alta montaña cuando parecía que el Gobierno llaneaba, con la situación política algo más estabilizada, centrado en dar respuestas a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania y volcado en frenar el ascenso electoral de Alberto Núñez Feijóo. Esa suave brisa a favor, que parecía disfrutarse en la Moncloa, amenaza con tornarse ahora en otra tormenta política con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que reformará el Código Penal para modificar el delito de sedición.

Un compromiso adquirido con ERC, que le garantiza seguir contando con su apoyo, incluso en la próxima legislatura, pero que se cruza ahora en el trayecto de las elecciones autonómicas y municipales, vitales para comprobar el músculo de los socialistas y si realmente la marca aguanta lo suficiente para permitir que Sánchez siga en la Moncloa. En este escenario tan inestable, con el PP aún por delante en las encuestas, el presidente ha decidido jugársela y conceder a los independentistas esta dádiva, aunque pueda ser lesivo para los intereses electorales de sus barones.

No parece que lo haya sido la aprobación del indulto a los condenados por el procés, que fue asumida sin alharacas por la sociedad española, pero hacerlo ahora justo ahora, a poco más de medio año de la cita con las urnas, puede provocar fricciones en el PSOE, sobre todo con los dirigentes más críticos con la estrecha relación que el Ejecutivo de coalición mantiene con el independentismo, como el aragonés Javier Lambán y el castellano-manchego Emiliano García-Page. El PP ya hizo ayer un llamamiento a los socialistas a rebelarse y aseguró que "no pueden callar".

¿Sedición o economía?

Aunque en los territorios la sensación es que la legislatura, con la incertidumbre que ha provocado la guerra, había cambiado de tercio y la cabeza de los votantes está sólo ocupada en cuestiones económicas, la reforma de la sedición, por rápido que se apruebe -probablemente en solo unas semanas- supone un elemento de desestabilización interna. Este tipo de decisiones, además de en Aragón y en Castilla-La Mancha, inquietan en Andalucía, donde el PSOE tiene que salvar la cara en las municipales tras la sonora bofetada de la mayoría absoluta del PP. En las comunidades del norte las relaciones con ERC y EH Bildu están mucho más asumidas y en autonomías como la valenciana es un asunto que tampoco preocupa.

En todo caso Sánchez no es ajeno a la repercusión de su decisión. Se hace cargo de que hay españoles que no lo puedan entender pero se aferra a que la situación en Cataluña es ahora mejor que en 2017 y que al final el electorado lo valorará. Este viernes los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registran en el Congreso la iniciativa legislativa para cambiar el Código Penal y reformar el delito de sedición. El presidente sólo desveló anoche, en la entrevista con La Sexta, que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados" y que se remplaza "por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas como Francia, Italia, Bélgica o Suiza". Aunque no dijo cuánto se rebajarán las penas sí insistió en que serán las que hay catalogadas en los países "con los que nos queremos identificar y parecer".

"No debilita al estado"

Frente a la opinión que este viernes puedan manifestar sus barones, Sánchez mantuvo que este cambio no debilita al Estado y no evita que el expresidente catalán Carles Puigdemont --huido de la justicia española desde hace cinco años-- comparezca ante los tribunales. "Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, absolutamente" puesto que "los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en nuestro Código Penal", aseguró, sólo que con otra denominación.

El jefe del Ejecutivo explicitó por primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy debió aplicar antes el artículo 155 de la Constitución para limitar el autogobierno catalán. Justo cuando el Parlament aprobó las llamadas leyes de desconexión. "No lo hizo, tampoco se lo reprocho. Era un momento muy difícil", destacó para recordar que él lo apoyó y que ha heredado esta situación. "Es incontestable que hoy se cumple la Constitución en Cataluña, que este asunto ya no preocupa a las españoles y que el 52% de los catalanes están ahora a a favor de seguir en España".

En esto se basa Sánchez para pensar que la reforma de la sedición no afectará de manera negativa en las próximas elecciones. Mantiene que no ha cedido ante los independentistas porque ellos lo que reclaman es la "amnistía". Este cambio legal es uno de los asuntos que, según sostiene ERC, forma parte del acuerdo para superar la judicialización del conflicto catalán que el Gobierno y la Generalitat alcanzaron en la reunión mantenida en Madrid el pasado 27 de julio, en el marco de la llamada Mesa de Diálogo.

En ese documento se puso por escrito que la voluntad de las dos partes era abordarlo antes de que concluya este periodo de sesiones, que acaba a finales de diciembre. Si se cumple este calendario y la proposición de ley de PSOE y de Unidas Podemos se aprueba antes del 31, las comunidades donde este asunto tenga más impacto aún dispondrían de margen para amortiguarlo.

La impresión de que la reforma de la sedición podría ser algo inminente, llevó al PP a romper las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Aunque Sánchez había puesto de manifiesto su compromiso "personal" con esta modificación del Código Penal, adquirido desde el principio de la legislatura, siempre tuvo el freno puesto con el argumento de que no había una mayoría suficiente en el Congreso. Ahora asegura que ya existe.