El Tribunal Constitucional (TC) estudia si la Audiencia Nacional pudo vulnerar derechos fundamentales del abogado Gonzalo Boye -que cuenta entre su cartera de clientes con líderes independentistas como Carles Puigdemont, Laura Borràs y Quim Torra- en la causa en la que está procesado por un presunto delito de blanqueo a miembros de la organización de Sito Miñanco, del que también es defensor.

El recurso del letrado, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Enrique Arnaldo, se tratará en el bloque de asuntos conexos de la Sala segunda de este órgano el lunes 10 de octubre, lo que quiere decir que previsiblemente será acumulado a otras reclamaciones pendientes que tiene Boye por este mismo asunto.

En junio de 2021, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el procesamiento de Boye que había sido dictado por la jueza María Tardón por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de 'Sito Miñanco' en el aeropuerto de Barajas

Posteriormente, según detalla el abogado en su recurso, al que ha tenido acceso El Periódico de España, y una vez el asunto ya había sido elevado a la Sala para su enjuiciamiento, se tuvo conocimiento de la entrega a nuestro país de José Luis Correa Hincapié, del grupo de procesados colombianos, y en ese momento Boyé solicitó unas diligencias de prueba complementarias para corroborar sus manifestaciones -favorables a su defensa- que le fueron denegadas, lo que le causa una grave indefensión, según su escrito ante el órgano de garantías. Por eso pide al TC que anule todas las decisiones contrarias a sus intereses, de modo que la Audiencia Nacional le permita ejercer de forma efectiva su defensa.

González Rubio

 Las diligencias solicitadas deberían practicarse en Colombia, ante registros públicos y entidades bancarias, y según Boye se trata de verificar "extremos muy relevantes" para su defensa. En su recurso, insiste en que las manifestaciones de Correa Hincapié que ya obraban en el procedimiento venían a confirmar lo que él siempre había alegado en su defensa: que el dinero que trató de recuperar ante la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo (SEPBLAC) no procedía del narcotráfico sino de las actividades empresariales de otro procesado, Manuel González Rubio. "Para tratar de acreditar este extremo, se hacía necesario que se librara Comisión Rogatoria a Colombia, lugar de destino de dicho dinero intervenido, a fin de que se probara que su finalidad no era otra que pagar una empresa previamente comprada, dedicada a lo que siempre se dedicó el señor de González Rubio, a la seguridad", añade el escrito.

Coartar la defensa

"La relación entre indefensión y contradicción en términos de igualdad ha sido constante preocupación de este Alto Tribunal, que ha insistido hasta la saciedad sobre la prohibición de coartar la defensa del afectado en un proceso penal y la obligación de permitir alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses", añade el recurso. En el presente caso, y al ser desestimada" sin fundamentación alguna" según esta parte la petición de diligencias de instrucción, se habría impedido a Boye "ejercer la defensa y el derecho a la contradicción en igualdad de armas, con motivos ajenos a cualquier criterio jurídico apto en Derecho, conculcando así, además de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, el derecho fundamental a la defensa" 

Añade que además corresponde al TC revisar la declaración de pertinencia de las pruebas "cuando resulte absurda, incongruente o cuando se haya rechazado una diligencia no sólo pertinente, sino con trascendencia para modificar el sentido de la decisión final", como es el caso. 

Blanqueo para Miñanco

Boye y otros dos abogados están procesados por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. Además, hay otras 45 personas físicas y otras 5 jurídicas procesadas en esta causa donde, además de esta trama de blanqueo de capitales, se investigan dos operaciones con las que la organización de 'Sito Miñanco' pretendía introducir casi cuatro toneladas de cocaína en España.

Boye, que acusa de parcialidad a Tardón, recurrió su procesamiento argumentando que los únicos indicios en su contra son dos declaraciones de personas que asegura que mintieron, lo que, a su juicio, desmontaría la teoría de que el dinero incautado era de 'Sito Miñanco' y de que éste estuvo en la reunión con los abogados donde se habría urdido el plan. Por ello, sostuvo, su intervención en este negocio habría sido un "acto neutro", según informó Europa Press. Sin embargo, la Sala de lo Penal rechazó su petición recordando que en este momento procesal no se valora la culpabilidad o inocencia del procesado, sino si hay indicios suficientes para sentarlo en el banquillo de los acusados.

Entienden que los indicios contra Boye no se deducen solamente de esas dos declaraciones, sino del conjunto de la investigación, incluidas las vigilancias, los seguimientos y los contactos entre los procesados, de todo lo cual se puede inferir --afirman-- la implicación del abogado en este asunto. Le vinculan con la "manipulación de unos contratos de compraventa y emisión de letras por valor de 889.620 euros" sin "contenido real" con la única finalidad de recuperar el dinero intervenido en Barajas.