La amenaza de que los propios diputados 'tories' se rebelaran contra el plan fiscal de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, e incluso pudieran votar en contra de la bajada de impuestos a las rentas más altas (el ministro de Economía planteaba recortar el tramo más alto del impuesto, desde el 45% al 40%) hizo recular al Gobierno británico, que dio marcha atrás a la medida. Los mercados empezaron a reaccionar ante las dudas sobre la capacidad de Londres de asumir la deuda pública que generaría la menor recaudación. Y mientras Truss tomó esa decisión, en España continúa el debate fiscal y el PP defiende sus medidas, incluida la de suprimir el impuesto de patrimonio.
El último fue el presidente de la Junta de Andalucía, que desató una revolución fiscal a gran escala (autonómica y nacional) siguiendo los pasos de la Comunidad de Madrid. El responsable económico del PP, Juan Bravo, marcó distancias con el caso de Londres, afirmando que “se trata de una situación muy concreta que hay que estudiar”, y escudándose en que las principales críticas al plan de Truss (impulsadas desde la bancada conservadora) se referían especialmente a que no hubiera un plan concreto de ahorro en gasto público.
Bravo intentó justificar la posición del PP con las particularidades de cada país y recordó que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio aprobada en Andalucía va acompañada de otras medidas que impactan directamente sobre las clases medias y bajas, como la deflactación del tramo autonómico del IRPF. “En cada momento hay que adecuarse a las necesidades que tiene tu país. Nosotros pensamos que siempre que sea posible hay que intentar bajar impuestos”, explicó Bravo.
