El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha hallado la piedra filosofal de su legislatura de mayoría absoluta, la alquimia capaz de convertir en oro una etapa política plomiza, en la que Andalucía, con una plácida y cómoda situación del PP, sin sobresaltos y poco ruido político, estaba condenada a hacerse invisible o, al menos gris, en una España que abre en canal dos largos años de ciclo electoral. No eran esos lo planes que tenía Moreno, que aspira a que esta sea, según expresa, la legislatura de “la transformación de Andalucía”, del “cambio de mentalidad”, de una “Andalucía de primera capaz de hablar de tú a tú a cualquier otra comunidad de España y liderar la agenda política nacional”.
Eso venía advirtiendo el presidente casi desde su investidura, con el aviso de que, en contra de lo que parecía, en Andalucía “no nos vamos a aburrir”. Parecía difícil pero Moreno ha dado con la tecla a través de la reforma fiscal y abriendo el debate de los impuestos ha conseguido consolidar su liderazgo nacional. En su equipo no ocultan la satisfacción y avisan de que no piensa ceder ni un milímetro en ese protagonismo. Trufado además el discurso de ese mensaje de que los andaluces “no piensan hincarse de rodilla” ni “admitir condenados a ser comunidad de segunda” que alimenta ese andalucismo que tan buen rédito electoral han dado al PP en las autonómicas. La receta no es nueva. Es otro éxito copiado de los socialistas andaluces que consiguieron alimentar sus discursos políticos desde la confrontación con el Gobierno de la nación, bajo la advertencia continua de que Andalucía quería ser tratada en pie de igualdad.
El hecho de que el Ejecutivo central haya reaccionado a la propuesta andaluza de supresión de Patrimonio cuando no ha ocurrido nada con Madrid, que lleva una década con el impuesto suprimido, da alas a ese argumento de que quieren a los andaluces “sometidos” y sin autonomía real, condenados a la segunda división. Un discurso que le regala el Gobierno y que obvian que habla de un impuesto que afecta a unos 21.000 contribuyentes, los más ricos de entre los 8,5 millones de andaluces, el 0,2%, que supone unos 100 millones de euros en la recaudación tributaria (el 0,6%) de una comunidad que tiene un Presupuesto de 45.000 millones de euros. Sostienen que el efecto reputacional está ya conseguido. ¿Por qué, por eliminar un impuesto a los más ricos? "No, porque en el imaginario colectivo Andalucía aparece como una comunidad capaz de hablar en pie de igualdad a las más ricas de España. Hemos roto el status quo", defienden en el equipo de San Telmo. Ni una palabra, eso sí, de los datos socioeconómicos que dibujan una Andalucía en términos de PIB, renta per cápita o empleo lejos aún de la media española. Es un espejismo pero defienden que a Andalucía le viene bien.
El contrapeso moderado
De rebote, el presidente andaluz se consolida como un barón del PP capaz de hablar de tú a tú con la hasta ahora todopoderosa presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un reequilibrio interno en el partido que, en las filas populares, entienden que beneficia a Alberto Núñez Feijóo. Muchos entienden que Díaz Ayuso es una ‘estrella’ política que solo brilla por fricción y la incorporación de Moreno eleva a Feijóo y le ahorra el cuerpo a cuerpo con la combativa líder madrileña. Antes Díaz Ayuso era la única que competía con Pedro Sánchez, como ahora Moreno. También lo hacía con Pablo Casado pero ahora la pugna que se abre en el PP es entre iguales, entre barones autonómicos, y el presidente Feijóo puede aparecer “como el padre conciliador que los sienta a todos a la misma mesa”. Ese liderazgo por elevación, creen en Génova, que refuerza al presidente nacional. Moreno no compite con Feijóo, al que siempre ha señalado como un padre político y un mentor al que imitar. Por su talante, entienden desde Andalucía, no hace sombra al gallego y “alguien que haga sombra a Ayuso es bueno para todos”, deslizan.
En la anterior legislatura, Moreno se mantuvo muy al margen de la política nacional y evitó en todo momento roces directos con Génova. Las relaciones con la anterior dirección nacional ya eran de por si tensas y el presidente andaluz tiene un talante poco dado a los enfrentamientos en abierto. Ahora, se siente cómodo, tiene en la cúpula nacional a hombres de su confianza, lo que no tiene Ayuso por cierto, como Elías Bendodo y Juan Bravo, atesora una extraordinaria relación con Feijóo y no teme que nadie puede interpretar su protagonismo como una amenaza a un dirigente nacional al que él mismo, recuerdan los suyos, rogó para que diera un paso al frente en la última grave crisis del partido.
Con la ayuda de Puig
Con esa suerte que acompaña más, claro, a quienes están en el poder, Moreno ha conseguido que la supresión del Impuesto de Patrimonio ponga del revés la agenda política de un país donde hasta ahora el tema era el crudo invierno a la vuelta de la esquina, la escalada de precios y la incertidumbre económica por la guerra desatada por Rusia. La deflactación del IRPF era una promesa de investidura, que ya desgranó Moreno el pasado julio y que no ocasionó más ruido que la confirmación que la receta del PP para afrontar la crisis tenía un modelo de rebajas fiscales muy distinto al que había defendido el Gobierno hasta esta misma semana. El gran cambio fue su anuncio de que iba a suprimir Patrimonio, siguiendo la senda de Madrid, que ya acabó con este impuesto en 2011. Su anuncio no iba en el programa electoral, que decía exactamente: “Continuaremos con la bajada progresiva del impuesto, hasta conseguir la definitiva eliminación del gravamen (sin que el impuesto pierda su finalidad de control)”.
Una decisión acelerada
Moreno defiende que hicieron un sondeo con la población extranjera que reside en Andalucía como muestra, unos 100.000 ciudadanos de alto poder adquisitivo que pasan en la comunidad entre 4 y 6 meses al año y que la mayoría respondía que no se censaba por un impuesto “anacrónico” a los ojos del resto de Europa.
Curiosamente en la anterior legislatura, el presidente andaluz, aparte de por sus alianzas inéditas hasta entonces con Vox, consiguió el foco nacional por su alianza con el socialista valenciano Ximo Puig en materia de financiación. Los dos barones de PP y PSOE se aliaron para reclamar una reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014, que demandaba recursos para dos de las comunidades, junto a Murcia, más castigadas por el anterior sistema. Moreno blandía un acuerdo de todo el arco parlamentario (salvo Cs) sellado en 2018, con el anterior gobierno socialista, que, por cierto, incluía un punto rechazando la competición fiscal entre autonomías. El PP de Moreno, entonces, votó a favor de “una armonización fiscal en los tributos cedidos tradicionales, fijando unos patrones mínimos de regulación a nivel nacional que eliminen la posibilidad de generar agravios comparativos entre comunidades autónomas y estrategias de dumping fiscal”. Ahora, Moreno habla de “recentralización”, “invasión de competencias”, “contrarreforma” y “fraude de ley”. Ha pasado de pedir 4.000 millones al Estado para compensar una financiación injusta a convertirse en adalid de la supresión de impuestos.
Esa gota en un océano, la supresión de Patrimonio, una medida que no afectará a la inmensa mayoría de los andaluces y que no parece que pueda poner en riesgo la financiación de servicios públicos, ha sido definitiva. Se vendió, desde el primer momento, como una medida “pragmática no ideológica” pero el Gobierno de la nación y el PSOE entraron al trapo del planteamiento, abrazando el debate de ricos contra pobres como marco. Moreno elude hablar de rebajas a los ricos para usar el eufemismo de “fiscalidad amable” como secreto del éxito de Andalucía.
El Ministerio de Hacienda asumió la petición de sus socios de Podemos de gravar las grandes fortunas y además se abrió a rebajas impositivas para calmar la ansiedad de las comunidades socialistas y la puja abierta entre autonomías. De camino, alargó un protagonismo nacional de Moreno que, envuelto en la bandera andalucista consigue hacer de contrapoder de Madrid y Ayuso a favor de Feijóo en el PP. Y por qué no, situar al andaluz en el banquillo nacional futuro si las elecciones generales tuercen los planes de la derecha de volver a gobernar España.
