La primera reunión mantenida entre los interlocutores nombrados por los vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial les ha permitido avanzar en las bases para proceder a los nombramientos. Pero despacio. Tan despacio que no volverán a reunirse hasta el próximo miércoles, día en que tendrán encima de la mesa los nueve nombres de candidatos proporcionados por el sector cuyos miembros fueron elegidos a propuesta del PSOE.

Se trata de los magistrados del Supremo José Manuel Bandrés, Eduardo Espín, Rafael Fernández Valverde, Ángeles Huet, Jacobo López Barja de Quiroga, Pablo Lucas, Isabel Perelló, María Luisa Segoviano y Rosa María Viroles. Todos ellos "han venido expresando su disposición" a incorporarse al Tribunal Constitucional tanto al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como a ciertos vocales, según el comunicado dado a conocer por los representantes del sector progresista en las negociaciones, Roser Bach, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta.

Pese al riesgo que conlleva, los progresistas explican que dan a conocer sus nombres "en señal de la máxima transparencia en el proceso de negociación" y con intención de "ir avanzando en el trabajo, a entregar y poner en conocimiento y disposición de todos los vocales del Consejo, la relación por orden alfabético". Fuentes del sector progresista confiesan tener la sensación de tener que "ir avanzando a fuerza de arrastrar" a sus compañeros conservadores, que dicen no conocer a ningún interesado en ir al Constitucional, pese a que incluso uno de los nombres, Fernández Valverde, corresponde a un vocal, ya jubilado, propuesto en su día por el PP.

Tanto su elección como la de otros de los incluidos en la relación no complicaría, además, la grave situación del Supremo, generada por el veto impuesto al CGPJ para cubrir las vacantes que se producen, porque o están jubilados o próximos al retiro, como ocurre con la presidenta de la Sala Social, María Luis Segoviano, que se jubilará en abril y cuyo nombre incluso ha sonado para presidir el Poder Judicial.

Mayor margen

Por su parte, los interlocutores del sector conservador, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, en cambio, aseguraron no disponer de ningún nombre, por lo que entendían necesario contar con "el mayor de los márgenes temporales posibles", intención que han demostrado desde que el Gobierno reformó la ley que les impuso realizar el nombramiento antes del pasado día 13.

En el comunicado conservador se limitan a dar la nueva fecha, sin señalar siquiera que en caso de ser necesario volverán a reunirse al día siguiente, y reducen el acuerdo a que los candidatos procederán preferentemente del Tribunal Supremo, "los nombramientos, conforme a la pauta seguida por este CGPJ, han de realizarse por una amplia mayoría" y que "la selección de los candidatos a tan alta magistratura ha de llevarse a cabo tras una minuciosa evaluación de sus currículos".

El comunicado de los interlocutores conservadores incluye otros tres puntos sobre los que dicen que no ha habido coincidencia de criterios: "que se ha de considerar la repercusión de los seleccionados en la composición de los órganos jurisdiccionales de procedencia; que no es conveniente, por tanto, llevar al pleno los nombramientos en tanto tal consenso no se haya logrado y que el consenso se alcanzará tras la deliberación en el seno de los respectivos grupos".Lesmes se reunirá con Lesmes

Desde el CGPJ, además, se ha anunciado este viernes que el Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha solicitado entrevistarse con Lesmes, durante la visita que realizará próximamente a España. Lo harán el día 30 en la sede del Tribunal Supremo.

Lesmes ya recibió el pasado 15 de junio a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, con la que abordó diversas cuestiones en relación con el estado de la Justicia en España y con la situación del órgano de gobierno de los jueces. La semana pasada, Jourová mostró por carta su coincidencia con el duro mensaje expresado por el presidente del CGPJ durante la apertura del año judicial: la “urgencia y prioridad absoluta” de renovar el CGPJ y de abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, "que la Comisión considera necesaria".