Las vueltas y el debate interno en la cúpula del PP sobre qué posición tomar en la admisión a trámite del impuesto a las energéticas y la banca planteado por los partidos del Gobierno dan buena cuenta de las dudas que el asunto generó en las filas conservadoras. Lo que se votó este martes en el Congreso era el primer paso, empezar a debatir en la Cámara la propuesta estrella que Pedro Sánchez hizo en el mes de julio durante el debate sobre el estado de la nación, inaugurando una nueva hoja de ruta en Moncloa y señalando a los populares como defensores de las élites económicas. El PP se decantó por el no.
En el rechazo al contenido de la proposición de ley, según acreditan distintos dirigentes del PP, no parece haber fisuras: consideran una “chapuza técnica” (en palabras del diputado Mario Garcés, desde la tribuna, “un engendro jurídico”) el texto y la fórmula elegida por el Ejecutivo por ser una figura de dudoso origen (prestación patrimonial de carácter público no tributaria) que enmascara la doble imposición.
“Socava los principios constitucionales más básicos”, afirmó el portavoz popular. Pero, al mismo tiempo, en el PP no esconden las dudas sobre si realmente la ciudadanía entenderá su voto contrario después de que la Unión Europea haya dicho con total claridad que intervendrá el mercado y que habrá un límite temporal a los beneficios extraordinarios de estas empresas.
Está por ver qué vía elige Bruselas y en el PP aseguran que el Gobierno se llevará un golpe y tendrá que dar marcha atrás en el diseño de su propuesta. En realidad, ese mismo argumento lo defendió el PNV, socio habitual y estable del Ejecutivo, pero decantándose por el voto afirmativo a la admisión a trámite de la medida, a diferencia de los de Feijóo. La postura de los nacionalistas vascos tomó forma de advertencia: apoyan a Sánchez por compartir el espíritu de la medida, pero dan por hecho que el Gobierno tendrá que adecuar la fórmula del impuesto a la tasa que dicte Europa.
Esa misma tesis, la del varapalo que podría llevarse el Gobierno, es de la que se ha servido el PP para votar en contra. Los conservadores insisten en que esa recaudación pretendida por Sánchez no puede ir a parar a las arcas públicas y que después sea el Ejecutivo el que decida qué hacer, sino que sólo se puede plantear una tasa que alivie a los consumidores en un efecto directo en su factura.
Aunque las críticas a estos impuestos llevan sucediéndose desde el mes de julio, el PP se ha mantenido en la indefinición a la hora de fijar su postura. El propio Feijóo insistió durante semanas en que no podía pronunciarse “sobre una medida que desconocía”. “Qué se va a gravar exactamente, cuál es la base imponible y a quién va a afectar”, repetía una y otra vez. El responsable económico del PP, Juan Bravo, evitó aclarar el sentido del voto el mismo lunes tras hacer público el plan energético que los populares han enviado a Moncloa. Y la directriz llegó a los diputados en el último momento, horas antes del debate.
Fuentes de la cúpula reconocen que las dudas estuvieron presentes en todo momento. Hasta el mismo lunes el análisis de papeles y de la postura estuvo muy presente en el reducido núcleo con el que Feijóo habla de las decisiones importantes. Con las pocas personas que fija la posición del partido. Y al final la decisión fue un no. Que se trate de la política fiscal no es asunto menor para el PP.
Algunos dirigentes, sin dejar de reconocer las dificultades a explicar a la opinión pública su postura, e incluso el temor a que los ciudadanos no la comprendan, volvían a reafirmarse en la postura: en política fiscal y tratándose de una medida “tan sectaria y tan mal planteada” el PP no puede tomar una mala decisión. “Si reducimos el debate a lo más simplista, si entramos en el marco de que es un voto impopular, podemos pensar que nos equivocamos. Pero hay que actuar con responsabilidad”, insistían los más defensores de la medida.
Las dudas se apoderaban de otros dirigentes, que miran con mucha desconfianza la estrategia del presidente, acentuada tras el anuncio de esta medida, en la que el Gobierno de Sánchez aparece retratado como el defensor “de la gente”, “de los ciudadanos”, frente a un PP que se preocupa de “los poderosos” y las grandes empresas.
Los populares son conscientes de que su posición requiere pedagogía y el principal argumento, también el que más pueden entender los ciudadanos, pasa por repetir que el impuesto anunciado por el Gobierno “acabará siendo repercutido” de una u otra manera. “Está claro que lo vamos a acabar pagando”, repiten una y otra vez los dirigentes populares.
La bala en la que confía el PP es la europea, una vez más. Algunos cargos populares, los más pesimistas, ponen en foco en los “errores” que se pueden cometer fiando todo a Bruselas. “Nos ha pasado también con el Consejo General del Poder Judicial, pensando que van a defender a capa y espada nuestra exigencia de cambiar el sistema de elección”, reflexiona un dirigente con trayectoria en el partido. Aunque el PP defiende su posición sin moverse, la última carta de la Unión Europea, exigiendo una renovación inmediata para sacar a la justicia española de la crisis en la que está inmersa ha sido recibida en muchas esferas del PP como “un toque de atención” importante.
