La crisis energética y la escalada de los precios por la guerra en Ucrania van a marcar el paso de todos los gobiernos en el nuevo curso político. Garantizar el poder adquisitivo de las familias y la actividad económica es una prioridad para el Gobierno vasco en un tiempo complicado y de descontento social, que será una prueba de estrés para todas las instituciones. Ante el riesgo de desgaste, el Ejecutivo de Urkullu intentará aliviar la sensación de incertidumbre entre la sociedad vasca y ofrecer una imagen de estabilidad no solo a través de las medidas que se puedan impulsar, sino también blindando el clima de acuerdos y sin crispación política, un pactismo que ya se ha convertido en una seña de identidad en la comunidad autónoma. La diferencia ahora radica en que se avecina un ciclo electoral, con las elecciones municipales y forales de mayo y otras citas en el Estado, lo que podría tensionar las relaciones o endurecer el discurso de la oposición. Fuentes de Lehendakaritza consultadas por este periódico mantienen la apuesta por forjar cuatro pactos de país, aunque matizan que no solo depende de ellos, sino también de la actitud de los grupos de la oposición.

El Gobierno pretende lograr apoyos más allá de la mayoría absoluta que tienen garantizada PNV y PSE. Pero algunos debates están en un punto incipiente y la oposición no se ha definido. En concreto, se aspira a pactar las leyes del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (la reforma de la RGI), Educación, Salud Pública y Transición Energética

Los debates que se encuentran más avanzados son los de la reforma de la RGI educación. Por su parte, en el caso de la transición energética, los trámites se encuentran en una fase muy preliminar y no ha habido opción de entrar demasiado en harina. Sobre todo, a nivel político es una incógnita la posición que puede asumir EH Bildu que, si bien ha protagonizado un giro abriéndose a los acuerdos con el Gobierno en los Presupuestos y las bases educativas, ha mantenido un discurso muy crítico con la consejera Arantxa Tapia, a la que hace unos días señalaba por haber recibido con escepticismo el plan de ahorro energético de Sánchez ante la posibilidad de que Rusia corte el grifo del gas. Esta ley, en cualquier caso, es un debate previo a la guerra en Ucrania y tiene que ver con el cambio climático, aunque el posible corte del suministro del gas contribuye a acelerar la discusión sobre las energías alternativas.

El PNV, por su parte, ha emplazado en alguna ocasión a EH Bildu a definirse sobre cuál puede ser la fuente alternativa de energía para facilitar los acuerdos, porque cree que se limita a rechazar cualquier opción con sus objeciones a la instalación de parques eólicos en ciertas zonas, lo que se sumaría a su oposición a las nucleares, a la exploración del gas y los combustibles fósiles.

No obstante, el pasado mes de mayo, Maddalen Iriarte revelaba contactos sobre este debate y, hace unos días, en el arranque del curso político, EH Bildu planteaba la posibilidad de forjar un acuerdo vasco sobre la energía, lo que deja ver que será una de sus banderas en el presente ejercicio, a la espera de aclarar si habrá acuerdo o si será un argumento para marcar distancias dentro de la pugna por la hegemonía entre PNV y EH Bildu en las municipales y locales. La coalición abertzale plantea un acuerdo basado en impulsar un sector público de la energía, y apostar por las renovables. La ley de Tapia está en fase de anteproyecto, plantea trabajar con las empresas para que se reduzca la emisión de gases, y apoya la innovación.

Posibles acuerdos

Dejando a un lado las leyes sectoriales que se han aprobado ya por un amplio consenso en el Parlamento, el único pacto de país que ha visto la luz por ahora es el acuerdo sobre las bases educativas, que a su vez el consejero Jokin Bildarratz utilizará como guía para redactar en septiembre un primer esbozo de la Ley de Educación.

Las bases se han acordado entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU; combaten la segregación, ponen condiciones a la escuela concertada para seguir recibiendo dinero público y plantean el euskera como eje vertebrador. Aunque han surgido tensiones a la hora de ir plasmando actuaciones como el decreto de planificación de centros, el consejero ha prometido ser fiel a lo pactado. No parece que el tren vaya a descarrilar por el vagón de EH Bildu, que mantiene la apuesta por el consenso en esta materia, sino que las mayores tensiones llegan desde el flanco de Podemos.

En cuanto a la reforma de la RGI, la vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, ha llevado a cabo contactos con todos los partidos y espera que el Parlamento apruebe la ley este mismo año con un amplio consenso. Las mayores opciones parecen centrarse en EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, y no en un PP y Vox que recurrieron ante el Constitucional el traspaso del IMV y agitan el discurso del fraude en las ayudas. Bildu ha alentado el acuerdo aunque es crítica con que, por ejemplo, los requisitos de empadronamiento solo se alivien en algunos colectivos.

En cuanto a la Ley de Salud de la consejera Sagardui, que pretende integrar la salud en todas las políticas, Elkarrekin Podemos-IU se había posicionado hace meses como posible aliado tras pactar la Ley Antipandemia, pero la relación ha vivido altibajos. Este grupo sí respaldó las leyes de Igualdad y Juventud. l

Relación PNV-PSE

MENDIA CIERRA FILAS CON URKULLU. La vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo, la socialista Idoia Mendia, contribuyó ayer a ofrecer una imagen de sintonía entre el PNV y el PSE al devolver el gesto al lehendakari, que había calificado con un 10 su relación con los consejeros del PSE dentro del Gobierno vasco. Confirmó que está “muy satisfecha” con el acuerdo, un análisis que hizo extensible al resto de instituciones donde gobiernan en coalición. Mendia realizó su valoración en un acto para presentar un plan de inclusión laboral para Sestao, aunque quiso aclarar que prefiere que las notas las pongan los ciudadanos. A Urkullu le dijo que le agradece “mucho” su valoración, y consideró que la clave es que este gobierno está “centrado en lo importante en tiempos de oleaje”, y que es un gabinete “fuerte y estable”. Consideró que el acuerdo está dando “buenos resultados en el conjunto de las instituciones”.

LA NOTA DEL LEHENDAKARI. Iñigo Urkullu había dicho que concede un 10 a la relación con los consejeros del PSE, y un 8 a la relación con el propio partido socialista por los “chispazos” que han surgido en los últimos meses, en referencia a algunas declaraciones de Eneko Andueza.