El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas catastróficas en quince comunidades que se han visto afectadas por 119 incendios forestales, en un año en el que han arrasado más de 220.000 hectáreas hasta mediados de agosto.

Unos fuegos, algunos de grandes dimensiones, que han causado la muerte de tres personas, ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que se ha evacuado a más de 27.500 personas, por lo que el Ejecutivo pretende, además, complementar con ayudas a los afectados por este tipo de catástrofe.

Rodríguez, en rueda de prensa posterior, ha indicado que el Gobierno ha aprobado una serie de mecanismos para agilizar la gestión de las ayudas, complementarios a los de los ministerios del Interior y de Administraciones Públicas.

Así, se declaran zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las regiones afectadas activaron sus planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, como establece el Plan Estatal General de Emergencias, según el Ministerio del Interior.

Los incendios, además, han generado un grave daño medioambiental y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien, según el Ejecutivo, en este momento no han podido ser todavía cuantificados con precisión.

Las medidas de recuperación previstas, cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, contemplan ayudas directas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por destrucción total de la vivienda o por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, entre otras.

Asimismo, el acuerdo prevé adoptar otras medidas de ayuda como declarar determinadas zonas de actuación especial, concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por los fuegos y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.

Una decisión que se ha adoptado en una jornada en la que medios aéreos y terrestres continúan trabajando un día más en el incendio de Bejís, Castellón, que ayer, una semana después de declararse, se dio por estabilizado y cuya evolución sigue siendo positiva con todo el perímetro controlado, sin que se hayan producido reproducciones durante la noche.

Entre tanto, en Andalucía, se trabaja desde poco antes de las 15:00 de hoy en un incendio declarado en un paraje de la localidad sevillana de Guillena.

Los dos incendios registrados este lunes en los ayuntamientos de Ponteareas y Moaña, en Pontevedra, están estabilizados tras arrasar más de 45 hectáreas.

El plan de extinción de incendios de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido este martes el incendio que el pasado domingo se declaró en la sierra de Malagón, Ciudad Real.

"El pimpampum de la política"

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas a la hora de abordar la prevención y extinción de los incendios forestales con el fin de no convertirlos en "el pimpampum de la política".

Álvarez, que ha ofrecido una rueda de prensa en Zamora antes de reunirse con personal del operativo de extinción de incendios de Castilla y León, ha pedido esa coordinación en la prevención de los fuegos y catástrofes naturales de ese tipo que son "consecuencia del cambio climático".

"Hay que coordinar las políticas, las comunidades autónomas tienen que facilitar y trabajar de manera común con el Gobierno de España" con el fin de que los incendios en vez de confrontar políticamente sean un "elemento de cohesión" y permitan "sumar esfuerzos para luchar contra los efectos del cambio climático" y los nuevos incendios forestales en España.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido, además, la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que su responsabilidad es clara en los incendios forestales que han asolado la provincia de Zamora este verano.