Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están analizando a fondo el real decreto que contiene las medidas de ahorro energético aprobadas por el Consejo de Ministros y que obligan, entre otras cosas, al apagado total de luces en los escaparates a partir de las diez de la noche durante 16 meses. A pesar de la rectificación de Isabel Díaz Ayuso (primero afirmó que Madrid no aplicaría las medidas, “Madrid no se apaga” dijo, mientras que su vicepresidente confirmaba este martes que sí cumplirán con la ley pero estudiarán recurrirlas), el Ejecutivo autonómico sopesa dar una nueva batalla en los tribunales a Pedro Sánchez.

Según ha confirmado este diario, desde anoche su equipo jurídico estudia si el Estado tiene realmente las competencias para obligar a lo que dice el texto. Las multas que contempla el decreto oscilan de los 60.000 euros para infracciones leves hasta 100 millones para las más graves. Los afectados son espacios comerciales y culturales, edificios públicos y hoteles. En el caso de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y 19 la calefacción en invierno se suman infraestructuras de transporte.

En el Gobierno de Ayuso reconocen que el cumplimiento de la ley no está en duda, pero que tampoco renunciarán a la “batalla política”, en la que está incluida la jurídica que en otras ocasiones dio victorias a la Puerta del Sol. Un dirigente de Génova reflexiona a este diario: “Tienen motivos para pensarlo porque ya le ha doblado el pulso en otras ocasiones a Pedro Sánchez. Si esta sigue el mismo camino, no sería menor”. En octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el cierre decretado para la región desde el Ministerio de Sanidad y aquello fue un punto de inflexión para la política de la presidenta autonómica.

En la pandemia Ayuso hizo de la confrontación con el Gobierno central su principal hoja de ruta y cosechó un éxito evidente en las elecciones de mayo de 2021. En el PP reconocen que “ya ha ganado otras batallas” y que si ve posible ganar está, la dará.

El precipitado tuit poco después de hacerse públicas las medidas del Gobierno (pasadas las nueve de la noche y sin haber consultado con ninguna comunidad autónoma) obligó a la Puerta del Sol a matizar sus palabras. El resumen, dice un dirigente del Ejecutivo autonómico, es que cumplirán la ley. Eso no está en duda. Pero, al mismo tiempo, dicen, no renunciarán a estudiar recursos.

El vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, explicó que primero analizarán el real decreto “y si no es constitucional, lo recurrirán al TC”. “Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar”, zanjó-

Ossorio aseguró que Madrid “no es como otras comunidades bien conocidas y que el Gobierno consiente que incumplan”, en clara referencia a Cataluña y evitando caer en la idea de que Madrid no acata la ley. “No nos gusta nada de ese ejemplo y, por tanto, cumplimos las leyes”, dijo, advirtiendo al mismo tiempo que en lo que esté dentro de sus competencias, por ejemplo en materia de comercio, analizarán la normativa y, en la medida que la Comunidad pueda ser competente, “no lo aplicaríamos”.

El vicepresidente madrileño también tildó de “injerencia realmente descomunal” que el Ejecutivo “diga cuál es la temperatura que debe haber en un lugar comercial, en un restaurante, en un cine, porque ya el comerciante y el empresario sabe que es la temperatura que debe poner para ahorrar energía por una parte, pero no para hundir el negocio”. 

Sánchez carga contra Ayuso

Es previsible que el Ejecutivo madrileño siga endureciendo su discurso contra Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente aprovechó su rueda de prensa posterior al encuentro con el Rey en Palma de Mallorca para cargar contra la presidenta: "La ley se cumple", avisó Sánchez, pidiendo a los partidos políticos y a las administraciones territoriales a que huyan de comportamientos "egoístas, unilaterales e insolidarios".