El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, defendió ante la consejera Elena Hernáez la necesidad de devolver a ERC el depósito de 2,1 millones de euros que puso para cubrir las fianzas provisionales impuestas a los encausados por el 1-O y por la acción exterior del Govern cuando, en un primer momento, se rechazaron los avales del Institut Català de Finances (ICF). El representante del ministerio público defendió su cambio de criterio en que una vez admitidos esos créditos la responsabilidad contable a la que pueden ser condenados también estaría cubierta.

El cambio de posición fiscal sorprendió a todos: defensas y acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana. La ejercida por Oriol Junqueras, Raül Romeva y otras 18 personas se adhirió a las palabras del fiscal y se limitó a explicar que el depósito de ERC cuya devolución reclama se presentó en el momento en que la delegada instructora, Esperanza García, rechazó los avales del ICF, para evitar el embargo de propiedades de los encausados, pero con la decisión posterior de la Sala de Justicia de admitirlos, no había motivo para ese depósito y solicitaba la devolución del mismo, aunque el partido no fuera parte en el procedimiento. La representación del expresidente Carles Puigdemont se adhirió a la solicitud de su compañero de estrados.

Deber de imparcialidad

Previamente el fiscal, tras explicar su condición de garante de la legalidad y su deber de desarrollar su labor con imparcialidad, modificaba su posición inicial, "a la vista de un trámite posterior, que es el que tiene significado", dijo.

Admitió que "la prestación de una fianza es la forma más eficaz de cumplir la sentencia" que se pueda dictar al final del procedimiento, en el que recordó se reclaman 3.428.000 euros, pero a la vista del auto de la Sala que declara la validez de los vales, "no queda más opción que modificar o sustituir la fianza prestada en su momento por ERC devolver la cantidad y dar virtualidad al aval prestado por el ICF".

Por su parte, el representante de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría García de Otazo, mostró su sorpresa por el cambio de posición fiscal y defendió que "la manera más sencilla de asegurar una futura sentencia es mantener ese depósito efectivo", por lo que mantuvo su rechazo a devolver a ERC la cantidad que depositó en su día.

La resolución de la consejera se espera en un plazo de cinco días.