La presidenta del Parlament, Laura Borràs, se aferra al cargo pese a estar a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por delitos vinculados a la corrupción. En una comparecencia celebrada este martes en el despacho de audiencias de la Cámara catalana, Borràs ha cargado contra los partidos que le exigen dar paso al lado después de que el TSJC haya cerrado la instrucción de su causa judicial por presuntamente fraccionar contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en beneficio de un amigo suyo.

"Es precisamente pensando en la dignidad del Parlament que considero que no debo dimitir", ha espetado durante su 'speech', intentando enmarcar su caso en la "persecución al independentismo", poniendo en duda la instrucción y cargando contra las fuerzas políticas --entre ellas, ERC y CUP-- por reclamar su cese "aprovechando la autoritaria acción de la justicia española como excusa". "No tengo ninguna intención de dar un paso al lado como me exigen los que con poca capacidad para disimular me quieren apartar de la vida política", ha remachado.

El futuro político de Borràs

Los grupos parlamentarios exigen a Borràs que dimita, ya que según el artículo 25.4, deberá ser suspendida "de forma inmediata" cuando tenga fecha para ser juzgada para ahorrarse una nueva trifulca parlamentaria. Pero la presidenta exhibe su disposición a permanecer en el cargo. Paralelamente, y con el fin de ganar tiempo, Borràs recurrió el auto de procesamiento y pidió ser juzgada por un jurado popular, algo que deberá dilucidar el tribunal antes de marcar el calendario la fecha para su juicio.

La presidenta ha insistido en que es "inocente" y en que no ha cometido "ningún delito", al tiempo que ha afirmado que el caso no hubiera llegado "tan lejos judicialmente" si no fuera por quién es y por el proyecto político que representa: "Nunca he pretendido que se me absuelva por ser independentista. Eso sí sería desprestigiar un movimiento que tiene como principal motor su espíritu radicalmente democrático. Lo que censuro es que se quiera aprovechar la autoritaria actividad de la justicia española como excusa para apartarme político, denuncio que se me quiera condenar antes de ser juzgada", ha continuado, en un dardo contra Esquerra y los anticapitalistas por lanzar mensajes en los que apuestan por hacerla caer.

Si Borràs no dimite, los grupos pueden poner en marcha el reglamento. Pero Borràs ya ha dejado claro que no piensa desistir. "El reglamento dice lo que dice, y yo digo lo que digo", ha dicho, insinuado que, para sortear el artículo por el que debería ser suspendida, podría acogerse al punto 25.1 y alegar que su procedimiento no por corrupción dada la ambigüedad de los términos en los que quedó recogido tras un pacto entre Junts pel Sí y la CUP en 2017.