“Interrumpa estos cuentos chinos. Sea claro”, le ha espetado en un momento de la comparecencia el eurodiputado socialdemócrata húngaro, Sandor Ronai, al representante del NSO Group, Chaïm Gelfand, este martes ante la comisión de la Eurocámara que investiga el uso del programa espía Pegasus. La intervención del representante de la firma israelí, responsable del software que habría servido para espiar los móviles del comisario de justicia, Didier Reynders, de la ministra de defensa española, Margarita Robles, o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros, ha dejado insatisfechos a la mayoría de eurodiputados con sus respuestas evasivas y su negativa a dar datos concretos sobre los países de la UE que contrataron el programa de control.
Según el representante de la empresa tecnológica israelí, el programa fue fabricado para luchar contra el crimen y el terrorismo y salvar vidas -“para hacer del mundo un lugar más seguro”, ha dicho-, y desde su creación ha respetado cuatro principios. En primer lugar, solo se vende a gobiernos y agencias de inteligencia de gobiernos soberanos, no valen todos los gobiernos (la venta pasa por un proceso de diligencia legítima), el grupo israelí no opera el sistema y aspira a que haya regulación gubernamental. Gelfand también ha asegurado que no todas las alegaciones de supuestos espionajes son creíbles y ha indicado que han identificado acusaciones falsas.
“Se habla de una lista de 60.000 números de teléfono objeto de seguimiento con (el programa de) NSO y esto no es cierto”, ha asegurado. “NSO no sirve para vigilar de manera masiva, se utiliza con números pre-identificados, uno a la vez, como si se estuviera vigilando la línea telefónica por vía judicial”, ha añadido. Y también que “los datos no se almacenan en ninguna nube, ni hay puerta trasera ni se comporten con otros clientes” y es “el Gobierno israelí quien tiene que dar una licencia de exportación”. A esa intervención inicial le ha seguido un largo interrogatorio de más de horas en la que los eurodiputados han conseguido arrancar pocos detalles. Ninguno sobre clientes específicos -como pueden ser Hungría o Polonia- y el potencial uso indebido del programa por los gobiernos que lo han adquirido.
“La única razón por la que se compra es la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Si las razones son distintas nos lo tomamos en serio e investigamos, y cuando un cliente ha incumplido de forma sistemática eliminamos ese contrato. Lo hicimos en el pasado, lo hemos hecho recientemente y lo vamos a hacer con cualquier que incumpla las obligaciones contractuales”, ha asegurado Gelfand sin hablar, “por razones de confidencialidad”, de casos ni clientes concretos. "Cada cliente al que le vendemos nuestro software pasa por una revisión de debida diligencia. Si tenemos dudas sobre el estado de derecho utilizamos normas internacionales donde se evalúa el respeto de los derechos humanos de los distintos países”, ha añadido. Utilizan, ha explicado, un baremo para medir los estándares democráticos en los países en el que España sacaría una puntuación de 75, por debajo de los 80 de Bélgica, pero por encima de los 65 de Hungría o Polonia y a años luz de los 30 de Arabia Saudí.
Suspensión de ocho contratos
Ante la insistencia de los eurodiputados sí ha revelado que en los últimos dos años y medio han realizado 25 investigaciones, algunas de las cuales siguen en curso, y que han suspendido contratos con más de 8 clientes. Algunos de ellos se destaparon a raíz de los Papeles Pegasus hace un año. Hoy por hoy, no obstante, tendrían menos de 50 clientes -en el pasado llegaron a ser 60- en unos 45 países e investigaron entre 12.000 y 13.000 teléfonos el año pasado. "¿Cuántos Estados miembros han utilizado productos NSO?", le ha preguntado el liberal alemán, Moritz Korner. “No tengo las cifras a mano. Diría que son más de cinco pero no puedo dar la cifra”, ha respondido. "¿De las 25 investigaciones, cuántas fueron a Estados miembros y cuántos contratos se suspendieron?" “No le puedo dar las citas”, ha repetido. "¿Se ha suspendido alguna vez algún contrato con un Estado miembro?", ha insistido la ecologista alemana Hannah Neumann. “Sí, pero no le puedo dar las cifras”, se ha escudado.
Pese a las dudas que genera la empresa y la falta de respuestas claras, el representante de NSO Group ha asegurado que se toman “muy en serio” el proceso de rendición de cuentas y la transparencia y que la “ética está por encima de los ingresos". "Hay muchos contratos que no hemos firmado. Como empresa hemos prescindido enormes cantidades de beneficiados. No puedo decir que no hayamos cometido errores, pero esta tecnología es necesaria porque salva vidas. Se habla de órdenes de detención y a veces hay que utilizar una puerta trasera. Hace falta vigilar cuando hace falta vigilar”, ha defendido insistiendo en su voluntad de cooperación. No ha respondido, tampoco, a la pregunta del expresidente catalán, Carles Puigdemont, sobre si el llamado Catalangate es una de las acusación que consideran falsas.
