El Parlamento no llegará a tramitar ni a estudiar la propuesta de limitación de la inviolabilidad del Rey. La iniciativa que presentó el PNV la semana pasada en el Congreso será frenada este martes por la Mesa de la Cámara baja, porque los letrados entienden que "invade" la Constitución y que no es posible regular esta cuestión a través de una ley orgánica. Es decir, los servicios jurídicos interpretan que restringir la inmunidad total de la que disfruta el jefe del Estado solo puede hacerse a través de una reforma de la Carta Magna. Y su criterio es el que respetará el PSOE, que podrá tumbar el texto de los nacionalistas vascos con la ayuda de PP y Vox en la reunión del órgano de gobierno del Congreso de este martes, 14 de junio.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, presentó la semana pasada la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que la inviolabilidad del Monarca no alcance sus actos privados. Es decir, que el Tribunal Supremo sería el que conocería las acciones "civiles y penales dirigidas contra el Rey o Reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo [del Gobierno] y que no tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado". Se trataría de una modificación, por tanto, muy acotada, la del artículo 55 bis de la LOPJ.
Esteban explicaba que la iniciativa respondía a los "escándalos" recientes del rey emérito, por los cobros recibidos por él. La Fiscalía archivó las diligencias contra él y no las judicializó. Pero lo ocurrido también interpela a la Jefatura del Estado, y el debate no se ha acallado en los últimos años. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró "producto de otra época" la inviolabilidad del Rey, pero también añadió que es imposible cambiarla sin el PP.
La Constitución establece, en su artículo 56.3, que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Si embargo, el Gobierno, cuando quien llevaba las relaciones con la Corona era la vicepresidenta Carmen Calvo, se llegó a plantear cambiar la inmunidad completa de que disfruta el Monarca sin tocar la Carta Magna. Se podría hacer, defendía Calvo, modificando simplemente la Ley Orgánica del Poder Judicial, igual que en 2014, cuando abdicó Juan Carlos, se incluyó en ella su aforamiento y el de su mujer, el de la reina Letizia y el de la princesa de Asturias. La vicepresidenta puso esa opción sobre la mesa en sus contactos con el PP, pero ni el Ejecutivo ni el principal partido de la oposición, ni tampoco la Zarzuela, vieron la oportunidad y desecharon la propuesta.
El objetivo del Ejecutivo era que Felipe VI tomara la iniciativa y propusiera públicamente su voluntad de renunciar a ese escudo legal completo, algo que no ha llegado. Cuando la fiscalía dio carpetazo a las diligencias contra su padre, el Rey decidió dar alguna muestra de su voluntad de ser más transparente: reveló su patrimonio (2,6 millones de euros) y aceptó que el Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar a los partidos y a las instituciones públicas, analice también el presupuesto de la Casa del Rey (8,4 millones de euros este año). Sin embargo, quedan muchas cosas por saber de la jefatura del Estado: su coste real (ahora desperdigado entre ministerios), la evolución del patrimonio de Letizia (que podría ser regente) o la opinión del propio Rey sobre los escándalos de su padre.
Seis frente a tres
Ahora el PNV ha retomado sin éxito la idea de Calvo con su proposición de ley, pero la Mesa del Congreso ni siquiera lo admitirá a trámite dado el parecer negativo de los letrados y la mayoría absoluta que suman PSOE (tres representantes), PP (dos) y Vox (uno), frente a Unidas Podemos (tres). Los socialistas se han apoyado en otras ocasiones en la derecha para frenar iniciativas de los grupos que supusiesen cualquier cuestionamiento de la monarquía, como las comisiones de investigación sobre Juan Carlos I y su fortuna.
Los servicios jurídicos comunican al PNV, en un escrito al que tuvo acceso este diario, que "no procede" la calificación (admisión a trámite) de su propuesta, "en la medida en que un examen liminar de la misma se desprende que invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquélla se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una proposición de ley".
