La Fiscalía ha decidido exculpar a siete acusados en el Caso Cursach a menos de dos semanas del inicio del macrojuicio. En un escrito remitido al tribunal, el ministerio público retira los cargos contra tres de los más estrechos colaboradores de Cursach: Jaime Lladó, director de Tito's; Arturo Segade, responsable de la zona VIP del local y Antonio Bergas, antiguo agente de la Policía Local de Palma que acabó siendo uno de los empleados de confianza del empresario. También exculpa a la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell, a un funcionario de este organismo y a otros dos de los Ayuntamientos de Palma y Calvià. Otro de los implicados, Miguel Estarellas, agente de la Patrulla Verde, ha fallecido durante la tramitación de la causa y también figura en la lista de exculpados.

Los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz han suprimido parte de los hechos relatados en el escrito de acusación firmado y presentado a finales de 2018 por el propio Carrau y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, actualmente investigado en el TSJB por su actuación durante la instrucción del caso. En el documento remitido a la Audiencia, los fiscales renuncian también a medio centenar de testigos.

Por un lado, la acusación pública sostiene que "se ha comprobado la falta de verosimilitud" de los delitos imputados a Lladó, Segade y Bergas. Estaban acusados de grupo criminal, cohecho, prevaricación y tráfico de drogas por ofrecer fiestas con prostitutas y estupefacientes a agentes de la Policía Local de Palma a cambio del trato de favor que daban al Grupo Cursach. El principal testigo que avalaba la existencia de estos hechos era un exempleado de Tito's que acabó siendo imputado por mentir durante la investigación.

Por otra parte, la fiscalía retira la acusación contra Pilar Carbonell y uno los funcionarios de la conselleria de Turismo, acusados de prevaricación por permitir que se realizaran obras sin licencia en el Megapark. Carrau y Herranz argumentan en su escrito que no dictaron ninguna resolución administrativa sobre este asunto y, por tanto, no hay evidencias contra ellos. También queda fuera del procedimiento judicial un celador de obras del Ayuntamiento de Palma y un funcionario del Ayuntamiento de Calvià.

Cursach, Sbert y 14 policías

Tras este movimiento, la fiscalía mantiene los cargos contra el propio Bartolomé Cursach, el director general del grupo empresarial, Bartolomé Sbert y 14 mandos y agentes de la Policía Local de Palma. De acuerdo con el relato de la acusación pública, los policías actuaron durante lustros al servicio del magnate para favorecer a sus negocios. Principalmente, lo hicieron a través de la Patrulla Verda y el Grup d'Actuació Preventiva (GAP), que habrían acosado a los locales de la competencia, con infinidad de inspecciones y denuncias injustas y arbitrarias. Algunos de los policías están también acusados de exigir 'mordidas' a estos empresarios a cambio de permitirles seguir con su actividad.