La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se rige por ritmos distintos a los de la Sala de lo Penal, incluso a la hora de configurarse, porque los magistrados de sus secciones rotan para incorporarse a la que se encarga de decidir la admisión de asuntos. Esa circunstancia, sumada a la jubilación de quien presidía la encargada de resolver los recursos presentados contra los indultos del 'procés', la Sección Quinta, haya alentado las esperanzas de quien se opuso a su concesión ante la posibilidad, como ya informó EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, de que revoque la decisión que ella misma adoptó.

Ello puede ser posible a través de los recursos de súplica interpuestos por los recurrentes frente a la decisión de la Sala de negarles legitimidad para oponerse a una medida de gracia concedida por el Gobierno, porque ninguno de ellos eran perjudicados directos del delito por el que se había producido la condena. La decisión se adoptó de una forma muy ajustada y dos de los magistrados partidarios de negar la legitimidad de los partidos políticos para rechazar una medida de gracia ya no están en la Sección. Son su expresidente Segundo Ménendez y Ángeles Huet, que ahora forma parte de la sala de admisión. En lugar de Huet entró Inés Huerta, de la que presume que se alineará con los dos magistrados que en el primer examen del Supremo a los indultos quedaron en minoría: Wenceslao Olea y Fernando Román.

Ambos explicaron en su voto particular que la falta de legitimidad para impugnar los indultos solo era posible resolverla antes de llegar a la sentencia definitiva en el caso de dos de asociaciones recurrentes, porque era clara. Pero la de los demás recurrentes, diputados del PP, Cs y Vox, el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, no era tan obvia como para declararla en el momento en el que se hizo. De ahí que se opusieran a la misma.

De confirmarse que Huerta se suma a su posición serían tres magistrados frente a dos los partidarios de no rechazar, al menos en este momento procesal, los recursos contra los indultos, lo que significaría que seguirían vivos al menos hasta el fallo definitivo, en el que se deberá volver a abordar la falta de legitimación y también si el Gobierno los motivó suficientemente a la hora de concederlos.