"Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros". Esta manifestación del aún presidente del PP, Pablo Casado, referida a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado en forma de denuncia a los tribunales, concretamente al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que ha pedido informe a la Fiscalía antes de decidir si la admite o no a trámite, señalan a El Periódico de España fuentes jurídicas.

La denuncia, realizada por el abogado Esteban Gómez Rovira, apunta a un posible delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal con el subtipo agravado por ser realizado por autoridad o funcionario público. Y pide que se cite tanto a Casado como al que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea para explicar" la procedencia de esos datos fiscales y bancarios relativos a Tomás Díaz Ayuso , hermano de la presidenta madrileña.

Las manifestaciones de ambos tenían relación con un contrato público de la Comunidad de Madrid adjudicado a una empresa, Priviet Sportive S.L., propiedad de un amigo de la familia de la presidenta regional para la obtención de mascarillas durante el momento más duro de la pandemia por covid. Las denuncias de la oposición en Madrid por la adjudicación de este contrato y la participación en el mismo del hermano de Díaz Ayuso son ya objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción.

A juicio del denunciante, los datos citados por ambos responsables del PP podrían provenir de la lectura de un modelo 347 informativo de declaraciones fiscales o bien aparecer en el modelo o 303 de la declaración trimestral de IVA. "Pero está fuera de toda duda de que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa al Sr. Tomás Díaz Ayuso, con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal". 

Si fueran bancarios, según el letrado, "nos encontraríamos ante el mismo delito realizado por particulares, o bien ante la comisión de ambos delitos", que añade que "no se olvide que cuando se realiza una búsqueda informática por el órgano inspector de la AEAT queda siempre la huella digital".

'Notitia Criminis'

"En esta denuncia, tan solo se pretende dar noticia criminis de la existencia, en su caso, de una acción por una o varias personas de la administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria" de un comportamiento tipificado en el Código Penal, agrega el escrito que revisa ahora la Fiscalía.

La propia Comunidad de Madrid reconoció el pasado 24 de febrero que el hermano de la presidenta, cobró en total 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive, beneficiaria del polémico contrato con la administración regional. El montante, recibido a través de cuatro pagos durante el año 2020, está lejos de los 55.850 euros de los que dio cuenta en un primer momento la presidenta regional -son 227.150 euros más- y, por contra, es muy próximo a la cifra que deslizaron desde la dirección del PP -entre 283.000 y 286.000 euros-.

La denuncia apunta directamente a la entrevista realizada el día 18 de febrero en la Cope en la que Casado afirmaba que el conocimiento de un comportamiento irregular del hermano de la presidenta madrileña se basaba en una información que no es pública, y "cuya publicidad o utilización, nada digamos si es en forma de dossier, es una acción pluriofensiva, si bien esta denuncia se refiere al delito de revelación de secretos por parte de la administración pública".

Sobre García Egea, la denuncia añade que ese mismo día señaló públicamente que en septiembre de 2021 la dirección nacional recibió información sobre “un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso“.