Sociedad Civil Catalana (SCC) ha apurado el plazo en el que deben presentar demanda para que se les tenga por personados en el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable en la que pudieron incurrir exaltos cargos del Govern por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat llevada a cabo a través del Diplocat. Su demanda dirige la acusación contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que reclama 5,3 millones de euros de forma solidaria en concepto de responsabilidad contable.
La demanda de la que probablemente sea la única acusación personada, después de que la Abogacía del Estado anunciara que se retiraba del procedimiento, porque de haber un perjudicado no sería el Estado, sino la Generalitat, emplaza a la Fiscalía a interponer la suya, para lo que dispondrá de 20 días desde que la consejera instructora declare las partes personadas en el procedimiento con carácter definitivo.
El colectivo reclama a los encausados un total de 5.309.807 de euros. A quien más reclama es a Puigdemont (3.303.000). Le sigue Junqueras con 2.515.000 y después Artur Mas (1.840.000). La reclamación continúa con Raül Romeva (617.000), Dolors Bassa (1.301.000), Francesc Homs (1.936.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Jordi Turull (505.000), Neus Munté (338.000) y Lluís Puig (238.000).
Locales y observadores
La entidad les considera responsables contables de las citadas cantidades por el uso de locales públicos para la consulta ilegal, los gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, el encargo de papeletas, los pagos de viajes a "observadores" de la consulta ilegal o los contratos de lobbies para promocionar la causa independentista. La demanda explica que "todos los denunciados tuvieron una intervención decisiva en los gastos descritos en la denuncia que generaron el daño a los fondos públicos" que se persigue en el procedimiento abierto ante el órgano fiscalizador.
"La demanda se dirige contra excargos como responsables máximos del entramado delictivo y queremos que devuelvan los euros malversados y que se dediquen a fines legales", ha dicho la vicepresidenta de SCC, Elda Mata, a Europa Press. En una nota, además, ha destacado el cumplimiento de su "deber cívico" a la hora de "defender la los millones de ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes", mientras que el Govern "ha destinado millones de euros a acciones ilegales para las que no tenían competencia ni legitimidad".
El Tribunal de Cuentas requirió a los encausados 4,1 millones de euros según el acta de liquidación provisional por el gasto realizado en el referéndum ilegal del 1-O. Por la actividad del Diplocat, requirió 5,4 millones de euros. Los avales que les facilitó el Govern a través del Institut Català de Finances (ICF)para hacer frente a estas cantidades fueron rechazados por el órgano fiscalizador.
Sociedad Civil Catalana ha iniciado una campaña de crowdfunding para ayudar a los gastos que les produzca el procedimiento, en la que dicen se arriesgan a jugarse centenares de miles de euros en costas.
