Tras la concesión de los indultos a los presos del procés, el Gobierno sacó de entre sus prioridades la reforma del Código Penal para tocar los delitos de rebelión y sedición. Lo hizo en agosto, cuando presentó el Plan Anual Normativo para 2021. Ahora ya tiene aprobada la hoja de ruta para este año, 2022, y esa modificación sigue sin aparecer. 2023 será, si es que no hay anticipo de las urnas, el último ejercicio de la legislatura, jalonado por dos convocatorias electorales claves: las autonómicas y municipales de mayo y las generales, aún sin fecha y que apurando el tiempo Pedro Sánchez podría ubicarlas a primeros de 2024. El Ejecutivo, por tanto, renuncia a emprender una reforma que podría ser tortuosa y que entiende como no necesaria porque el gesto hacia Cataluña, el perdón a los condenados por el Supremo, ya se ejecutó en junio pasado. Pero también queda aparcada esa remodelación para otro punto al que la Moncloa se comprometió en febrero de 2021: que no fueran penados con cárcel los delitos relacionados con la libertad de expresión, como aquellos relacionados con las injurias a la Corona.

El Plan Anual Normativo (PAN) 2022, que el Consejo de Ministros aprobó este martes, confirma pues la decisión adoptada el verano pasado. Pero también anuncia una batería de leyes sociales y de iniciativas ligadas al plan de recuperación nutrido con los fondos europeos. Entre ellas destaca la incorporación del compromiso del PSOE y del propio presidente de impulsar en esta legislatura la abolición de la prostitución. Una medida que colgará de la ley contra la trata, aunque su encaje legal habrán aún de estudiarlo los socios de la coalición, socialistas y morados, junto a los demás grupos parlamentarios. La decisión preludia una probable siguiente pelea en el seno del bipartito, porque así como el PSOE es firmemente abolicionista, no lo es todo Unidas Podemos. Los comunes, de hecho, son partidarios de la regulación de la prostitución, no de su prohibición.

El titular de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó el documento desde la Moncloa, tras el primer Consejo de Ministros del año —un cambio de dinámica, por cierto, respecto a su antecesora, Carmen Calvo, que demoraba más la redacción del texto—, e hizo hincapié en que la hoja de ruta normativa para este año pretende "ahondar" en el crecimiento económico y "dignificar" las condiciones de vida de los españoles. El propósito del bipartito, como "Gobierno progresista y socialdemócrata", es "reforzar el Estado del bienestar", "ampliar derechos y libertades" e impulsar las "grandes transformaciones económicas", de la mano del plan de recuperación. "Es lo único que nos mueve", remachó.

En el plan para 2022, explicó Bolaños, las normas que figuran están "alineadas con estos ejes estratégicos". Otras, como la modificación del Código Penal para la revisión de la rebelión y la sedición o para los delitos ligados a la libertad de expresión, se escapan de esas "prioridades" establecidas por el Gobierno y saltan de esa hoja de ruta. El ministro incidió en que 2022 es un año clave, en el que se pretende abordar un "reto" con una "trascendencia histórica", como es materializar la "segunda modernización económica" del país, y toda la obra legislativa que ha diseñado el Gabinete pretende acoplarse a esos parámetros.

61 normas ligadas al plan de recuperación

El bipartito anunció que quería tocar la sedición y la rebelión al poco de constituirse, hace dos años. Estaba muy caliente la condena a los líderes del 'procés'. En febrero de 2021, el Gobierno movió ficha después de que la Audiencia Nacional ordenara el ingreso en prisión del rapero Pablo Hásel para cumplir una condena de nueve meses y un día de prisión que le impuso el Supremo en mayo de 2020 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de odio e injurias a la Corona. Más de 200 artistas firmaron un manifiesto pidiendo su libertad. La Moncloa informó de que Justicia plantearía una revisión de "los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad". Entonces, estaba al frente del ministerio Juan Carlos Campo, caído tras la remodelación del Gabinete el pasado julio. Unidas Podemos presentó una iniciativa en el Congreso en ese sentido, pero no ha avanzado en su tramitación.

Bolaños informó de que el plan contiene 368 propuestas normativas, de las cuales 92 son leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y el resto, 276, son reales decretos (o sea, acuerdos ejecutivos sin fuerza de ley). El 40% de las leyes, siguió, está vinculado al plan de recuperación validado por la Comisión Europea. Y del total de normas (368), hasta 61 están ligadas a él.

El ministro desgranó algunas de las medidas que comprende el plan normativo, desgranadas por capítulos. En la carpeta de igualdad de género entran la reforma del aborto, la ley de familias o la modificación de la ley de protección integral contra la violencia de género —leyes urgidas por Unidas Podemos— o la transposición de una directiva para la conciliación de la vida personal y profesional. El ministro detalló que se llevará a cabo el "compromiso" del presidente del Gobierno de abolición de la prostitución, compromiso reafirmado en el 40º Congreso Federal del PSOE, el pasado octubre en València. La medida, dijo, encaja en ese propósito de "dignificar" la vida de las personas, y el colectivo de las mujeres explotadas es "especialmente sensible" y el Gobierno, por ello, quiere "protegerlas" y prohibir esta práctica. La abolición colgaría de la ley de trata que está incluida en el plan normativo para 2022.

A punto la ley de vivienda

La articulación legal es lo que no está aún definido. Bolaños apuntó que se están produciendo contactos entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y los grupos de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, por lo que es "prudente" esperar al resultado del diálogo para comprobar en qué términos se concreta esa abolición. Fuentes del Ejecutivo precisaron que no será una ley propia, sino que colgará de la ley de trata. La duda es si se incorporará al proyecto de ley o bien ya se sumará la prohibición vía enmiendas en las Cortes.

En materia de digitalización e innovación, se impulsarán las leyes de ciencia, de industria o de despliegue de la tecnología 5G, así como el estatuto de las 'start ups' para estudiantes. En el bloque de cohesión social y territorial, el Gobierno aprobará laley de vivienda (aún pendiente de pasar por el Consejo de Ministros pero ya pactada entre los socios); la de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (para eliminar definitivamente los copagos), o la de servicios sociales (para garantizar una cartera de servicios mínimos en todo el país); la de lucha contra el racismo o el real decreto que regula el sello de inclusión social. Aquí también se incluye una ley de mejora y colaboración de las Administraciones Públicas y de Organización de los municipios de menor tamaño, que busca optimizar las prestaciones de servicios.

El PAN 2022 contiene otros dos bloques temáticos. En el de transición ecológica figura una ley para implantar en España el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC), una ley de pesca sostenible, una modificación legal sobre energía nuclear para regular los terrenos contaminados radiológicamente o la trasposición de una directiva europea sobre el uso de energías de fuentes renovables. En materia de regeneración democrática, se incorpora una ley de prevención de los conflictos de interés en el sector público y la revisión de la ley de transparencia para regular las relaciones con los grupos de interés.