"Haremos un trabajo cooperativo" con el Ministerio de Trabajo. Así se expresan fuentes socialistas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, cuando se les pregunta por su papel en la negociación política de la reforma laboral. Es el asunto que más quebraderos de cabeza causa ahora mismo al Gobierno, tanto al sector del PSOE como al de Unidas Podemos. "No está claro que lo saquemos en el Congreso", reconoce otra fuente, en referencia al decreto pactado con la patronal y con los sindicatos. Hace falta la convalidación del Congreso, o su derogación, opción esta última que, si se produce, sería un batacazo monumental del Ejecutivo.
Consciente de ello, el presidente, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con su equipo económico y con los dirigentes de su máxima confianza en la sede del PSOE. El ministro Félix Bolaños; la vicesecretaria, Adriana Lastra; el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez; y su jefe de gabinete, Óscar López, han estado entre los presentes, al igual que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. La reforma laboral es crucial, y como saben que la suma parlamentaria que propiciaría la convalidación del decreto no está garantizada, han decidido implicarse en el proceso. Bolaños comenzará a sondear y a hablar con los partidos. Lo ha hecho ya, puntualizan las fuentes.
Se sumará así a Yolanda Díaz, que es la que lleva la batuta en estos momentos. No se trata, argumentan las fuentes, de solapar ni de eclipsar, sino de coordinar y asegurar que la derogación de la reforma laboral calará en el Congreso dentro del mismo marco que generó el acuerdo con la patronal y con los sindicatos. La primera prueba: cuando toque convalidar el decreto.
La presidenta de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet, deberá convocar un pleno extraordinario antes de que acabe el mes. La idea es que apure el plazo de 30 días que marca la Constitución para que el citado decreto sea avalado o rechazado, y en segunda instancia, para que se tramite o no como proyecto de ley. Éste es el camino principal que el Gobierno ha trazado en su mapa: convencer a los aliados de que apoyen la convalidación, y luego, la conversión en proyecto de ley.
No se fían todos los socios, sin embargo. Hay numerosos precedentes de decretos que tras ser convalidados, vagaron meses y meses en el limbo parlamentario de las prórrogas de enmiendas. Es una triquiñuela habitual, completamente legal, aunque políticamente cuestionable. Por ello, los aliados siguen sondeando la posibilidad de crear un frente común que arrastre al Ejecutivo de coalición a determinados pactos, entre los que estaría la tasación temporal de la negociación parlamentaria. Los contactos entre los aliados, en busca de ese frente de resistencia, no han cesado durante las navidades, sobre todo a través de Telegram y de WhatsApp. No han cristalizado y la coordinación sigue ausente, pero la idea no se ha desmoronado, ni mucho menos.
Diálogo poliédrico sin el PP
En el Gobierno saben que el ánimo que reina entre los aliados es variable. Conviene tenerlo en cuenta. Por esta razón, las agendas se han adecuado al humor político. El grupo de partidos más reticentes lo forman ahora mismo ERC, EH Bildu y BNG, y ni siquiera entre estos prevalece la homogeneidad. A Esquerra no le acompaña un sindicato autonómico potente, pero a los independentistas vascos y a los soberanistas gallegos sí. Es una baza en la que reparan los negociadores del Gobierno.
Aparte figuran otras formaciones como Más País, Compromìs, Teruel Existe, PRC, Nueva Canarias, PNV y PDeCAT, pero también aquí reinan los matices. A los nacionalistas vascos y los catalanes, vinculados con sus respectivas patronales territoriales, la música del decreto que empezará a derogar el modelo del PP les agrada, no del todo, pero les agrada en líneas generales. Con las otras formaciones el Gobierno espera, cuanto menos, recabar el "sí" a la convalidación, y luego se verá.
Por último, el conjunto de siglas a los que se les atribuye de antemano el voto en contra, y aquí está el PP (y Vox, por supuesto). El Gobierno no se ha dirigido a los populares para tantear su posición, indican las fuentes consultadas. Tampoco a Ciudadanos, si bien aquí, nuevamente, cabe reseñar algún matiz. Con los populares no tienen previsto hablar, ni desde el Gobierno ni desde los partidos que lo forman, pero con los liberales sí. La presidenta de la formación "naranja", Inés Arrimadas, se ha ofrecido.
Ciudadanos, ya con todos los puentes rotos con el PP, menos en la Junta de Andalucía y en los ayuntamientos en los que forjaron coalición, quiere ir por libre y aprovechar sus bazas. Los contactos PSOE-Cs (Unidas Podemos no piensa mover ficha en esta bilateralidad) no se han producido, apuntan fuentes de ambos partidos, pero no descartan que se celebren. Esto puede crispar los ánimos en el Ejecutivo sobremanera. Ya sucedió con los presupuestos de 2021. Entre la vía pragmática del gabinete del presidente y la preferencia ideológica del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, se superpuso esta segunda después de semanas de tensiones, amenazas y cabreos varios.
Toque a rebato del PSOE
El Gobierno de coalición atraviesa su enésima fase de mosqueo y resquemor, esta vez por culpa del ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien en una entrevista a The Guardian alabó a la ganadería extensiva y, al mismo tiempo, criticó las macrogranjas. Se ha liado una buena porque varios ministros y cargos socialistas han reiterado que esa posición no es común en el Ejecutivo. Pedro Sánchez, en la SER, ha lamentado esas declaraciones del coordinador de IU y ha pedido que bajen los decibelios. Si el presidente, quien a Garzón ya le dedicó aquello de "un chuletón al punto, eso es imbatible", se pronuncia en términos así en vez de restar importancia es porque la polémica le ha molestado.
En Unidas Podemos, lejos de optar por el silencio para ventilar la discrepancia, han reprochado que esos ministros y dirigentes socialistas tan enojados se dejen llevar por "bulos".
En este contexto de despechos y desdenes, la dirección del PSOE y el núcleo duro de Moncloa se han conjurado para sacar adelante el nuevo modelo laboral, pero sin desdibujar lo pactado en la mesa del diálogo social, cuentan las fuentes socialistas. Que el presidente quiere dejar el sello de su partido en el nuevo sistema de relaciones de trabajo es algo que ni los cuadros medios de la formación ponen en duda. De hecho, nada más acabar el congreso federal, en la primera reunión de la nueva Ejecutivo, avanzó que los socialistas estarían en la aprobación de la nueva reforma.
Las mencionadas fuentes no confirman ahora si Sánchez ha dado instrucciones precisas sobre cómo abordar la negociación parlamentaria en la reunión de este lunes. Lo que sí confirman es que ahora mismo es Díaz la que lleva la voz cantante.
Pero no está sola en la tarea. Y no estará. Fuentes parlamentarias al tanto del proceso han informado a este medio que el PSOE ha tratado la reforma laboral al menos con PNV, PDeCAT y Nueva Canarias. Niegan, no obstante, que el Gobierno haya abierto dos canales de interlocución, uno Bolaños y otro Díaz. El trabajo es y será "cooperativo", subrayan.
El peso lo soporta de momento la ministra de Trabajo. Las fuentes parlamentarias puntualizan que su equipo ha impulsado contactos estos días de enero y que durante la semana en curso se intensificarán. Habrá entrevista presencial con representantes de EH Bildu en pocos días y es probable que se cierren encuentros con otros grupos clave en la ecuación, en especial ERC.
Pero justo con Esquerra la situación no invita al optimismo. Las citadas fuentes reconocen que el gabinete de la ministra no se ha dirigido al portavoz del grupo, Gabriel Rufián, aunque sí a personalidades de la "órbita" del partido. Sospechan que al hacer esto, Díaz busca ejercer una presión de fuera-dentro y así ir poco a poco asfaltando un itinerario que lleve a los catalanes a la abstención. "No es buena táctica", apuntan en el partido de Rufián.
