El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Tribunal Constitucional que deje en suspenso los efectos de la sentencia del 'procés', que le impuso 13 años de prisión, porque aunque fue indultado y salió de la cárcel, sigue cumpliendo una pena de inhabilitación para ejercer cargo público, tanto como diputado del Parlament, como del Congreso y del Parlamento Europeo. La petición se basa en el auto del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea que rechazaba la pretensión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de que se le devolviera temporalmente la inmunidad, pero a la vez declaraba suspendidas las euroórdenes y el procedimiento que se mantiene latente en el Supremo para cuando esté a disposición de la justicia española.
Junqueras, cuyo recurso de amparo contra la sentencia aún debe ser resuelto (junto los de Dolors Bassa y Joaquim Forn), argumenta que ese fallo le está produciendo un "daño irreparable" en sus derechos fundamentales y, en función de lo establecido para el 'expresident' huido, debe quedar suspendido de forma cautelar. Argumenta que según el TGUE así lo está el procedimiento hasta que se dé respuesta a la cuestión prejudicial elevada por el propio Supremo tras la negativa belga a entregar al 'exconseller' Lluís Puig.
Cooperación leal
El escrito de cuatro páginas apela a la "cooperación leal" que el propio TGUE reclamaba al Supremo en su resolución para recordar que el efecto suspensivo de la orden de detención "no se disocia" del pleito principal e "implica dotar de efecto útil a las normas interpretadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" sobre el propio Junqueras. Sobre todo, añade, cuando fue el propio Supremo el que formuló sus dudas sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria ante la justicia europea y debía saber que eso necesariamente afectaba al pleito principal.
El alto tribunal español, en cambio, sostiene que la cuestión prejudicial que elevó al Tribunal de Justicia de la UE solo se refería a la reclamación belga, porque la necesidad de la consulta se originó por el motivo por el que la justicia de aquel país rechazó entregar a Puig: dudar de la competencia del Supremo para juzgarle.
