La Generalitat se ha retirado como acusación en el juicio que debería haber empezado este jueves en la Audiencia de Barcelona contra siete manifestantes independentistas acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a mossos en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont, el 30 de enero del 2018 en el parque de la Ciutadella. La sesión, al final, se suspendió ante la petición de los agentes de la policía de la Generalitat afectados de que querían continuar acusando a los imputados. El tribunal les ha concedido 15 días para que se busquen un abogado.

El cambio de criterio del Govern se produce después de que el Ejecutivo catalán anunciara que revisaría una treintena de causas contra manifestantes para dirimir si mantiene o no su acusación, y que se retiraría de aquellas en las que no se hayan podido acreditar lesiones a los mossos o al autor de las mismas, de manera que no se personaría en procesos instruidos únicamente por desórdenes públicos. El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, aclaró que aplicaría un criterio "distinto" al de "etapas anteriores" a la hora de personarse en los procedimientos judiciales, tal como pactó ERC con la CUP para que prosperase la investidura de Pere Aragonès.

El argumento

Según el abogado de la Generalitat, en un principio, Interior instó a los servicios jurídicos a que se personaran al considerar que podrían esclarecer quién atentó contra los mossos, pero finalmente constatarron que "no es posible determinar el autor concreto de cada una de las lesiones". En cuanto al delito de desórdenes públicos, aseguró que se trata de "bienes jurídicos de carácter colectivo perfectamente defendidos" por la fiscalía y por el letrado de uno de los agentes afectados. Las defensas denunciaron que se estaba vulnerando los derechos de los imputados y acusaron a la Generalitat de actuar "de forma maliciosa".

El representante jurídico de la Generalitat reconoció que se retiraba como acusación particular por orden la 'conselleria' de Interior, que inicialmente solicitaba para los siete imputados dos años de prisión por atentado a la autoridad y desordenes públicos. La fiscalía les reclama tres años de cárcel y multa.

Críticas sindicales

"No tiene ningún sentido que digan que no quieren ejercer la acusación contra estos manifestantes acusados de agredir a sus agentes diciendo que no han podido acreditar si son ellos o no los agresores. ¿Para eso estaba el juicio, no?", lamenta Albert Palacios, portavoz de USPAC. Para el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), la negativa a última hora de la Generalitat –que ha cambiado tres veces de decisión en la última semana– es estéril. "Cada vez que un agente resulte atacado, nosotros cederemos nuestros abogados para que puedan ejercer la acusación particular", advierte David Miquel, portavoz del SPC, que representa a todos los agentes presuntamente agredidos por los manifestantes que serán juzgados en quince días, salvo uno, en cuyo nombre acusará el letrado de USPAC. "Es una más, otro 'show'", lamenta Palacios.

Los hechos

Los imputados fueron detenidos en abril del 2018 en Malgrat de Mar (2), Solsona, Òrrius, Arenys de Mar y el Pont de Vilomara. Algunos arrestados están vinculados al colectivo independentista La Forja. El día de los hechos, el 30 de enero, diversas entidades independentistas convocaron movilizaciones por la investidura y unas 5.000 personas se acercaron al parque de la Ciutadella, que alberga el Parlament. Por la tarde, un grupo de “estética antisistema agitó a la masa y provocó tensión” con la policía, según la fiscal. Los manifestantes rompieron las cadenas en tres puntos del parque y trataron de “acceder al Parlament”, pero no lo lograron porque toparon con una segunda línea policial y vallas metálicas. Hubo “empujones”, “lanzamientos de objetos” y “puñetazos” a la policía, hasta que los antidisturbios cargaron.