El decreto de archivo de las diligencias penales abiertas contra el rey emérito será firmado por los fiscales instructores: el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, según adelantó El Confidencial y ha confirmado EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, de fuentes del ministerio público.
Pese a que se especuló con que dada la relevancia de la decisión el cierre sería rubricada por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, finalmente se ha decidido que lo hagan los dos representantes del ministerio público al frente del equipo de los del Tribunal Supremo, porque son los que mejor conocen todos los detalles de la instrucción fiscal desarrollada, ya que llevan trabajando en estas diligencias desde hace algo más de un año y, en el caso, de Luzón desde su origen.
Primeras diligencias
En diciembre de 2018 Anticorrupción abrió las diligencias relativas al cobro de 65 millones de euros de la monarquía saudí por la construcción del AVE a La Meca, según se oyó explicar a su amante Corinna Larsen al excomisario José Manuel Villarejo en una entrevista en Londres en 2015.
Esas primeras diligencias de investigación deberán ser prorrogadas el próximo 17 de diciembre si para entonces no se ha procedido ya al anunciado archivo. Fuentes fiscales aseguran que esa fecha no es relevante, porque la prolongación de las pesquisas no implica que las diligencias no puedan ser cerradas en cualquier momento posterior. Señalan que estos plazos del ministerio público no son equivalentes a los de la instrucción judicial y por tanto ese día no es un límite inamovible para el pronunciamiento fiscal. En este sentido, algunas fuentes apuntan a que se espere que llegue oficialmente información suiza que ya se conoce de forma extraoficial, por lo que su llegada no determinará el archivo.
En total son tres las diligencias de investigación abiertas por la fiscalía en relación con el emérito, que ha presentado un par de regularizaciones por más de cinco millones de euros para neutralizar las comisión de cualquier delito. Las otras dos son las relativas al pago de sus familiares con tarjetas a nombre de quien era su ayudante de campo con dinero del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y un fondo en el paraíso fiscal de Jersey.
