La llegada al Tribunal Constitucional de dos penalistas procedentes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la conservadora Concepción Espejel y el progresista Ramón Sáez Valcárcel, será el primer paso para el refuerzo de la respuesta que este órgano debe dar ante asuntos que se van acumulando en los últimos meses en el órgano de garantías y que están relacionados con derecho internacional, cuestiones planteadas ante tribunales europeos, euroórdenes o procesos de extradición.

Hasta el momento se carecía de dicha especialización, por lo que su incorporación será vital en los próximos meses, en especial en asuntos relacionados con los recursos que aún resta resolver sobre la causa del 'procésindependentista en Cataluña -entre ellos el del exvicepresident Oriol Junqueras-, o los problemas generados por la huida del expresident y parlamentario europeo Carles Puigdemont y de otros lídres independentistas, señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes jurídicas.

El último recurso de este tipo en entrar lo fue la semana pasada, cuando el abogado de Puigdemont, Gonzálo Boye, en nombre del expresident y de los 'exconselleres' que le acompañan en su huida, Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig presento recurso de súplica contra una decisión anterior del Tribunal Constitucional que avaló las euroórdenes cursadas en su contra. Plantea además que en el previsible caso de que sea rechazado de nuevo, se remita una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La llegada de Espejel y Sáez ha causado sorpresa en ámbitos jurídicos tanto por el hecho de que ambos pertenezcan a la misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -y a la misma sección, la Primera-, como por no ser jueces del Supremo ni catedráticos de especial prestigio, como suele ser el perfil de los juristas que han llegado al Constitucional en las últimas renovaciones. En algunos casos, esta circunstancia se ha criticado aludiendo a una pretendida falta de nivel de las nuevas incorporaciones.

No lo ven así fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que destacan el alto nivel jurídico de ambos penalistas por encima de la sensibilidad política que se les pueda atribuir. Ambos conocen el derecho penal internacional y son expertos en la tramitación de euroórdenes y extradiciones, unos asuntos que integran el día a día de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que realiza tanto las entregas de presuntos delincuentes reclamados por otros países como la reclamación de españoles que delinquen en el extranjero.

Se da la circunstancia de que los únicos dos penalistas que había en estos momentos en el constitucional, que son Cándido Conde-Pumpido Antonio Narváez, no pueden participar en los amparos presentados por los líderes independentistas condenados, ni tampoco en todo lo derivado de las órdenes de detención dictadas por el Tribunal Supremo contra Puigdemont y otros huidos al haberse apartado de estos asuntos tras ser recusados. Narváez, además, es uno de los magistrados que saldrán del órgano con motivo de su renovación, por lo que Espejel y Sáez parecen más necesarios que nunca.

Copado por expertos en Contencioso

En el Tribunal Constitucional hay ahora varios especialistas en contencioso-administrativo, Ricardo Enríquez y Santiago Martínez-Vares, ambos procedentes de la Sala Tercera del Tribunal Administrativo junto con el actual presidente, Juan José González Rivas, de la misma Sala y al que se puede sumar el civilista Juan Antonio Xiol, que no obstante procedía también de la Sala de Contencioso donde entró en 1986 por el turno de especialistas y estuvo hasta 2005. El único penalista por su pasado de fiscal, Narváez, también ejerció de fiscal jefe de la Sala administrativa del Supremo.

Las fuentes consultadas apuntan a que su labor ha venido siendo imprescindible, y más teniendo en cuenta la etapa en la que el Tribunal Constitucional acumulaba sobre todos asuntos relacionados con conflictos de competencia entre las comunidades autónomas y el Estado, si bien dichos recursos ya no son tantos y, por contra, parecía haber un déficit en el número de penalistas en el órgano de garantías. A ellos se unen los catedráticos de Constitucional como Pedro González-Trevijano o Maria Luisa Balaguer, completando el nivel jurídico del tribunal.

Es decir, tras una etapa inicial en este órgano dirigida sobre todo a clarificar el alcance de los derechos de la nueva Constitución, donde sobre todo se precisaban expertos constitucionalistas; llegó el momento de reforzar el aspecto contencioso por el tema de los conflictos de competencia; y ahora nos encontramos con asuntos de alcance internacional relacionados con euroórdenes y requerimientos internacionales para el que se requieren igualmente los mejores expertos. 

Perfiles opuestos

Espejel es la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de quien se recuerda su cercanía con la exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal. Se trata en todo caso, de la primera mujer que propone esta formación para el Tribunal Constitucional, además de una reputada penalista que lleva con mano firme la presidencia de un órgano que lleva asuntos de gran complejidad como es la Audiencia Nacional.

En esta Sala ha sido recusada en varias ocasiones por las defensas personadas en causas en las que el PP o alguno de sus miembros han sido investigados, siendo apartada del caso gürtel, y recientemente, formuló voto particular en la sentencia que absolvió al major de los mossos, Josep Luís Trapero. Pero ello no resta a su alto nivel jurídico, según las mismas fuentes.

En cuanto al lado progresista, la entrada de Inmaculada Montalván, experta en violencia de género y que ha ejercido en órganos de penal, civil y también de contencioso, y sobre todo del magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel supone cierto refuerzo, pues entran a formar parte de un órgano que volverá a tener cinco magistrados progresistas frente a siete conservadores.

 Sáez Valcárcel es un magistrado muy reconocido en la Carrera y eterno candidato a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la que según algunas fuentes consultadas nunca pudo entrar precisamente por su marcado perfil progresista.