La regla se cumple de nuevo. Las bases del PSOE están bastante más a la izquierda de la dirección. Lo demuestra una simple lectura a las miles de enmiendas a la ponencia marco del 40º Congreso Federal que los territorios han elevado a Ferraz y que se discutirán —las que no sean asumidas por la dirección— en una semana, en el cónclave que acogerá València. Son 10.485 las modificaciones planteadas al documento político y 280 a la propuesta de nuevos estatutos. Y dejan sentir el deseo de la militancia de que la cúpula de Pedro Sánchez vaya más allá en cuestiones siempre sensibles como la fiscalidad, la laicidad o la reforma laboral. Pero también transparentan que materias objeto de deliberación viva en la opinión pública como el rey emérito o la ley trans permean en el partido. A lo que se añade, por cierto, la indignación interna por el paso del exedil madrileño Antonio Miguel Carmona a Iberdrola en plena guerra del Gobierno con las eléctricas.
Es un clásico que en los congresos socialistas se debata sobre su pasado y ADN republicanos. Las sucesivas direcciones han surfeado la ola con más o menos facilidad. Ya costó algo más en el último cónclave, el número 39, el que se celebró en Madrid en 2017: el equipo del hoy presidente se tuvo que emplear a fondo para que no llegara a plenario la discusión. La novedad ahora radica es que, a esas enmiendas esperables se suman otras que cuestionan a Juan Carlos I, que piden una comisión de investigación —como quiere Unidas Podemos— o revisar la inviolabilidad del jefe del Estado. La intención de Ferraz es parar todas esas enmiendas más conflictivas en comisión, a puerta cerrada, como ocurrió hace cuatro años, para que el debate no se desborde. Pero eso no quita para que la dirección sea consciente de que los escándalos que rodean al padre del actual monarca le colocan en una situación más incómoda y agitan a las bases.
"Inspirados en nuestros valores republicanos, históricos y en nuestra voluntad reformista, abriremos un debate serio y profundo en el seno del PSOE y de la sociedad sobre el modelo de elección de la Jefatura del Estado, en pro del establecimiento de la República como forma de Estado", reza una enmienda llegada de Segovia. En similares términos se pronuncia otra llegada de Mallorca. Y otra más de Ibiza, más rotunda aún: el PSOE "se compromete a impulsar el debate en torno al modelo de Estado en el que se posicionará claramente en la defensa de una República Federal, verdadera garante de los valores republicanos". O esta de Almería, que trasladan, en términos idénticos o semejantes, otras provincias como Madrid, Huelva, Cádiz, Salamanca, Alicante, Asturias, València o la corriente Izquierda Socialista: "Continúa abierto el horizonte de la III República Federal Española, que sería la mejor forma de solventar de manera democrática y solidaria el encaje territorial de los distintos pueblos que componen el Estado español".
Quien llega más lejos —y también era previsible— es Juventudes Socialistas de España (JSE), que directamente plantea un plebiscito, como se demanda desde Madrid, Murcia e Izquierda Socialista: "El horizonte republicano debe formar parte de la estrategia partidista a largo plazo. Es una obligación moral que la propuesta de apertura de un proceso constituyente en nuestro país sea impulsada desde el PSOE. Los marcos legales vigentes no permiten la implementación efectiva del socialismo, por lo tanto, el PSOE debe proponer a las Cortes Generales un referéndum consultivo, previsto en el artículo 92 de la Constitución española, para que el pueblo español ejerza libre y soberanamente su derecho a elegir su modelo de Estado".
Juventudes, Madrid, Murcia o Izquierda Socialista plantean un referéndum sobre monarquía o república y un proceso constituyente
Pero junto a estas propuestas —integradas en la memoria de enmiendas, de 1.573 páginas—, figuran otras más ligadas al debate sobre la figura del Rey y su completa inmunidad, consagrada en la Carta Magna. Así, se pide limitar "la inviolabilidad del jefe del Estado a los actos realizados bajo mandato constitucional". O, de modo más tajante (y desde Madrid), se reclama "reformar el artículo 56.3 de la Constitución para acabar con la inviolabilidad del Rey y garantizar la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley". Desde Málaga se pide despojar al monarca del escudo total, dejándole solo como aforado. Aforamiento que "quedará suspendido una vez abdique de sus funciones". El rey Juan Carlos, una vez renunció al trono en favor de su hijo, Felipe VI, en 2014, pasó a ser aforado ante el Supremo, en virtud de un cambio exprés impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ante el que el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba se abstuvo.
"El PSOE no se va a poner de perfil"
Varias provincias suscriben una enmienda que recuerda que la Monarquía se halla "en continuo cuestionamiento ciudadano por los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada la familia real y los presuntos delitos achacados al rey emérito", por lo que se exige una revisión "en profundidad de la Constitución" para "liberarla de limitaciones y tutelas" que en la Transición "se impusieron", como el modelo de Estado. JSE añade que "ante la desconfianza que genera la corrupción en la ciudadanía, atendiendo a las continuas informaciones sobre las comisiones que recibió el rey emérito del AVE a La Meca, el PSOE no se va a poner de perfil y va a liderar una comisión de investigación en el Congreso que esclarezca esa cuestión".
La dirección incluyó en la ponencia marco la voluntad del partido de "profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real, algo que además coincide con la voluntad manifestada por la Jefatura del Estado". El documento trasladaba así la voluntad ya manifestada por el presidente, pero sobre la que hasta ahora no se ha avanzado. Por eso algunas enmiendas plantean una mayor contundencia. "La Jefatura del Estado también deber ser parte de la regeneración de instituciones. Su transparencia debe ser reforzada mediante la mejora de la trazabilidad de su presupuesto, unificándolo bajo el paraguas de un único ministerio y bajo partidas específicas e inequívocas de la Casa Real, rindiendo además cuentas de sus gastos periódicamente al Tribunal de Cuentas".
El PSC plantea regresar a la visión plurinacional del 39º Congreso, y otras enmiendas piden que los presos y encausados del 'procés' vuelvan "todos a sus casas"
La pulsión republicana se repite en las enmiendas a los estatutos, de 96 páginas. Varias propuestas plantean que el PSOE se muestre partidario de un "modelo de Estado federal, laico y participativo" y que recupere su "naturaleza de partido republicano".
Ferraz midió mucho el capítulo dedicado a la cuestión territorial. La ponencia traslada la posición del Gobierno respecto al encaje de Catalunya: diálogo dentro de la ley, agenda del reencuentro, profundización del autogobierno, cooperación y lealtad entre distintas administraciones. La apuesta por la "España multinivel" y el abandono de la "plurinacionalidad" de España que se abrazó en 2017 y que fue tan controvertida. Una enmienda de València y otra de Ourense animan a recuperar la expresión, y de manera más indirecta lo hace también el PSC, al pedir que se haga alusión a "las resoluciones del 39º Congreso" y la posterior Declaración de Barcelona (de julio de 2017), e invocar la resolución de Granada (2013), promovida por Rubalcaba y que supuso el consenso en torno a la necesidad de una reforma de la Constitución en sentido federal. El PSC demanda que se refuerce el impulso por el diálogo entre catalanes y de Cataluña con el resto del España.
Algunas enmiendas reivindican los indultos como un "paso importante" en la distensión territorial, e incluso piden ir más allá, caso de Jaén, Córdoba o Izquierda Socialista: que los presos y encausados del 'procés' vuelvan "todos a sus casas". Desde Castellón demandan avanzar hacia un nuevo "pacto constitucional de carácter federal".
No al 'dumping' de Ayuso
El Gobierno sabe que tiene por delante una difícil reforma del modelo de financiación autonómica, debate en el que no se reproducirán las fronteras partidarias. Sí hay una cuestión que comparten socialistas de distintos territorios: la búsqueda de una armonización fiscal entre comunidades autónomas, acabar con la competencia a la baja que desde hace años impulsa Madrid y que en la última Conferencia de Presidentes defendió con uñas y dientes la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. "La construcción de la España federal", indica el PSC, debe tener en cuenta "la lucha contra situaciones de 'dumping' fiscal entre CCAA, que provocan concentración de patrimonios en ciertas comunidades, así como desincentivar la inversión privada, en otras". Desde Córdoba se pide que ese reequilibrio vaya "más allá de la armonización de determinados tributos", como sucesiones y donaciones. Desde Andalucía advierten de la "indeseada competencia fiscal entre CCAA" que facilita la "escasa o nula tributación de los grandes patrimonios del país", y en Cáceres avisan de que esa carrera por bajar tributos "mina la solidad interterritorial" y abona "el discurso antiimpuestos".
Sobre la mesa también está la descentralización de instituciones, un debate promovido especialmente por el anfitrión, Ximo Puig
Los socialistas valencianos, que dirige Ximo Puig, son de los más activos a la hora de promover cambios en la financiación autonómica. También a la hora de plantear la desconcentración de instituciones para evitar que Madrid aspire todos los recursos. El guante lo ha recogido Sánchez, aunque por ahora el Gobierno es partidario de deslocalizar nuevos organismos, no aquellos que estén asentados, porque ello trastornaría la vida de los funcionarios que tienen su plaza. Puig defiende una España "polifónica y policéntrica", pasar de la "radialidad" en las infraestructuras a la "racionalidad". Continuar con la descentralización, sin que suponga un agravio hacia Madrid.
En materia económica, las bases también reclaman derogar la reforma laboral de 2012. O sea, ir más allá de lo que plantea la ponencia: la "profunda revisión del marco laboral, que elimine las medidas más nocivas de los cambios introducidos por los gobiernos del Partido Popular”. En ese sentido, algunas enmiendas creen que hay que volver a la redacción del 39º Congreso, que sí hablaba sin ambages de derogación.
A las puertas del 40º Congreso estalló la noticia del fichaje de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España. Solo una enmienda registrada, formulada por Cantabria, exige ser más duros con las puertas giratorias, que se añada al reglamento del PSOE que cuando un socialista sea elegido para un ministerio o alto cargo se comprometa "por escrito" a que, "bajo ningún concepto, una vez sea relevado de su cargo, pase a formar parte de cualquier consejo de administración de empresas de valor estratégico, energético, infraestructuras o bancario, y menos aún si durante su mandato tuvo actuaciones sobre esas empresas". "Los socialistas hemos de terminar con las puertas giratorias y establecer la limitación de mandatos de una vez por todas", se dice en la propuesta.
Solo hay una enmienda registrada que versa sobre puertas giratorias, pero la dirección incorporará una que no está aún redactada y que pretende salir al paso de la irritación interna por Carmona
La dirección de Sánchez es consciente del enorme malestar generado por Carmona, ahora mismo un simple "militante de base", sin cargos institucionales u orgánicos. Tampoco ocupó puestos en la Administración, así que en su caso no se puede hablar estrictamente de puerta giratoria. Ferraz ve complicado aferrarse a los estatutos para echarle del partido. Pero sí piensa en una enmienda que salga al paso del 'caso Carmona'. La ejecutiva, según indicaron a este diario fuentes de Ferraz este sábado, no tiene aún "redactada" la propuesta, ni tampoco decidido cómo se encajará, si como una enmienda a la ponencia o a los estatutos, o bien que se remita a una futura revisión del código ético, que sería, entienden, la fórmula más lógica.
Las coordinadoras de la ponencia, Hana Jalloul y Lina Gálvez, dirigen el proceso de análisis de todas las enmiendas, y las que no se asuman, serán debatidas en el 40º Congreso. Primero, en las distintas comisiones. Aquellas que superen el 20% de los votos pasarán a plenario. El comité organizador del cónclave, que descansa en los actuales números dos y tres del partido, Adriana Lastra y Santos Cerdán —que seguirán en sus puestos—, intentará que la discusión no escale de peldaño, pero como cuentan en Ferraz, una vez que arranca el congreso caben elementos impredecibles. Pero todo juega a favor de la cúpula y de Sánchez. Las aguas respiran plácidas.
