El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados el pasado mes de junio por el Gobierno contra la ley catalana de vivienda que habilita a poner límites a los precios del alquiler, según han confirmados fuentes jurídicas a El Periódico de España.

El pasado 15 de junio, el Consejo de Ministros pidió al Tribunal Constitucional impugnar los artículos 1 y del 6 al 16, las Disposiciones Adicionales de la 1º a la 4ª, la Disposición Transitoria 1ª y la Disposición Final 4ª letra b al entender que "vulnera las competencias estatales en esta materia", aseguró María Jesús Montero, entonces portavoz del Gobierno.

Ya entonces, el Ejecutivo central, con la previsión de tramitar en paralelo la Ley estatal de Vivienda, justificó no solicitar junto a la impugnación la suspensión cautelar de la medida. De esta forma, la norma seguirá aplicándose a la espera de que Tribunal Constitucional falle sobre el asunto.

"Es muy difícil no recurrir" la ley "cuando la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña emite un informe tan negativo [...] Pero la anticonstitucionalidad es evidente y no podemos pasar por alto", explicó por su parte el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Choque contra la ley estatal

El Parlament catalán aprobó en septiembre de 2020 la ley para regular los precios de los alquileres, una norma que desde el principio contó con la oposición de los socialistas porque contenía una serie de artículos que, según advirtió un organismo consultivo autonómico, vulneraban competencias estatales.

La consellera catalana de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha advertido este martes al Gobierno central que si la ley estatal de vivienda "invade competencias", el Govern la recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC). Así se ha expresado en declaraciones desde el Parlament después de que PSOE y Unidas Podemos hayan alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2022 y la ley de vivienda.

Cervera ha dicho desconocer la "letra pequeña" del acuerdo sobre la ley de vivienda, pero ha alertado de que no debe ser una norma "recentralizadora", puesto que la Generalitat tiene "competencias" en esta materia. "Analizaremos con lupa si esta nueva ley invade nuestras competencias", y "si consideramos que ha invadido competencias, la llevaremos al TC", ha anunciado.

La consellera ha preguntado al Gobierno si la nueva ley prevé "alguna medida sobre desahucios", teniendo en cuenta que "el 31 de octubre acaba la moratoria", y ha reclamado el traspaso del dinero de las ayudas de 250 euros a los jóvenes para ajustarlas en función de las "diferentes realidades territoriales" de los precios de los alquileres.