No hay duda de cuáles son las prioridades del Gobierno. Potenciación de la agenda económica y social, aprovechar el tirón de la recuperación, hacer que esta llegue a todos los hogares. Credenciales que Pedro Sánchez espera que le sirvan para el próximo ciclo electoral, aún lejano pero que ya tiene en la cabeza, a la vista de la erosión sufrida en las encuestas. Con ese espíritu, bajo el lema más que elocuente de Una recuperación justa, el presidente arrancó curso político este 1 de septiembre, de nuevo en la Casa de América de Madrid, rodeado de los grandes del Ibex 35 —entre ellos, los máximos responsables de las eléctricas, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y José Bogas (Endesa)—, de los sindicatos y miembros de la sociedad civil y del deporte. El jefe del Ejecutivo se reservó para la ocasión dos anuncios: la subida "inmediata" del salario mínimo y la presentación de los Presupuestos en aproximadamente un mes, "entre finales de septiembre y principios de octubre".

El enfoque de este nuevo tiempo pospandemia, el que se abrió tras la concesión de los indultos y la reordenación del Gabinete, es eminentemente económica. Nada de Catalunya o de otros asuntos que distraigan el objetivo principal del Gobierno, con el que quiere inundar la conversación pública. Es más, Sánchez considera que "consolidar la recuperación económica" y hacer que esta "llegue a los bolsillos de todos nuestros ciudadanos en forma de más empleo, mejores salarios y pensiones dignas" son las dos tareas "fundamentales" en las que han de estar concernidos el Ejecutivo, la sociedad civil y los agentes sociales. "No habrá recuperación económica si no es una recuperación justa. Si no llega a todos los estratos de nuestra sociedad. Si no se expande a todos y cada uno de las ciudades y pueblos de España. Nadie puede quedar atrás", sostuvo.

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Pedro Sánchez inaugura el curso político en la Casa de América José Luis Roca

Expresado ese objetivo, Sánchez ancló el anuncio, la decisión del Gobierno de "abordar una subida inmediata del salario mínimo para lo que queda de año, y continuar avanzando con el objetivo de alcanzar en 2023 el 60% del salario medio". Ya la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y él mismo, habían abierto la puerta hace semanas. Lo que hizo este miércoles el presidente, de manera solemne, fue confirmar que habrá incremento. Está por ver la cantidad. Trabajo, que iniciaba la ronda de diálogo justo este miércoles, planteó un alza de 15 euros al mes en 2021 (de 950 a 965 euros), de 31 euros en 2022 (hasta 996 €) y de otros 31 euros en 2023 (hasta 1.027 €). Sánchez hiló este anuncio con la primera reforma del sistema de pensiones, ya enviada a las Cortes y producto del primer consenso desde 2011, que supondrá la revalorización de las prestaciones conforme al IPC. De nuevo, reclamó el "apoyo del conjunto del Parlamento" al proyecto de ley.

Más "pedagogía"

Apenas horas antes de que se oficializara la llegada de España a la cobertura vacunal del 70% con pauta completa, el presidente remarcó el proceso de inmunización como un "éxito", "toda una lección de nuestro mejor patriotismo". E insistió en que vacunación es sinónimo de recuperación. Dos elementos que cabalgan a la par. Con la ayuda, además, de los fondos europeos, que servirán, dijo, para abordar la modernización verde y digital.

La puesta en valor de la "agenda reformista" del Gobierno —y desde una "cuádruple perspectiva: social, intergeneracional, de género y territorial— dio pie al presidente para hablar de la "compleja situación del sector energético". De la luz. La cuestión que inquieta visiblemente al Ejecutivo. La Moncloa es consciente de que el debate está en la calle y de que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables (granero electoral básico de socialistas y morados) miran al Gobierno en búsqueda de soluciones. Por eso el equipo del líder entiende que hace falta "pedagogía".

A ello intentó aplicarse Sánchez: subrayó que "no hay una única solución", que no quiere "perder el tiempo" buscando culpables en "anteriores administraciones". "Quiero ser claro: el Gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y por eso, el Gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía", subrayó. Repasó las medidas adoptadas por el Ejecutivo (desde la bajada del IVA del 21% al 10% a la suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica o la ampliación del bono social) y remarcó que el Gabinete seguirá "actuando", pero "siempre dentro del marco regulatorio europeo".

Esa precisión, muy relevante, era un espaldarazo evidente a la posición marcada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, frente a los ataques de los socios de gobierno de Unidas Podemos que reclaman intervenir el precio del mercado mayorista de la electricidad. Ella ha reiterado que es imposible porque rompería los principios dictados desde Bruselas.

Ejecutivo "de acción"

En la Moncloa no dejó muy buen sabor de boca la comparecencia de Ribera del pasado lunes, cuando admitió que la escalada sin precedentes del precio de la luz en el mercado mayorista encarecerá la factura un 25% en los hogares con la tarifa regulada y pidió "empatía social" a las hidroeléctricas. El análisis del equipo del presidente es que hay que reforzar la labor de explicación, y que será la vicepresidenta, de hecho, la que encabece esa tarea, tanto a nivel interno como en la UE. Las mismas fuentes apuntan que quizá haya nuevas medidas para paliar el impacto de una subida que encadena récord tras récord, y que irán desgranándose. Pero en el Ejecutivo subrayan que es necesario trasladar tanto lo que ha hecho el Gobierno, lo que está haciendo y lo que va a hacer, pero también lo que no es posible acometer por el muro de la UE.

En ese sentido, el ala socialista del Gobierno está visiblemente molesto con la actitud de Unidas Podemos, a quienes, en privado, reprochan falta de lealtad, al calentar la calle y proponer medidas que serían desautorizadas por Bruselas, como la fijación de precios para la nuclear y la hidroeléctrica. En el Ministerio de Transición Ecológica advierten de que hay que ser "cuidadosos", de que iniciativas que rompan las reglas del mercado europeo incrementarían la litigiosidad, ya que las eléctricas recurren y, si ganan los pleitos, el Estado debe compensarlas.

Sánchez presentó a su Gobierno como "de acción", "resuelto", decidido. Recordó que lleva 603 días en marcha —desde la investidura— y le quedan unos 850 —o sea, hasta finales de 2023, otra señal más a la oposición de que buscará agotar legislatura—, y continuará con su "agenda reformista". De hecho, como aprobó el martes el Consejo de Ministros, ha de impulsar 144 iniciativas normativas de aquí a final de año. La más trascendente, la de Presupuestos Generales del Estado "para una recuperación económica justa". El proyecto de ley estará listo, dijo, "entre finales de septiembre y principios de octubre". Hacienda cuenta con ese calendario y espera para entonces tener avanzadas las conversaciones con los socios de investidura hasta el punto de que quede garantizado que las cuentas no le son devueltas y no prosperan, por tanto, las enmiendas de totalidad. La Moncloa quiere trasladar en todo momento el mensaje de "estabilidad".

Detalles, en días

El líder socialista focalizó su discurso en la economía, la vacunación y la agenda social y apenas tocó la política. Lo hizo para volver a advertir al PP de que ha de cumplir con su "obligación constitucional" y pactar la renovación institucional y, singularmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula 1.002 días de bloqueo. "Ninguna formación política tiene derecho a situarse fuera" de la Carta Magna, porque "menoscaba el prestigio de la democracia", clamó. "Cortocircuitar el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a la lealtad con el pacto de convivencia que representa nuestra Constitución", remachó. Sus palabras echaban más presión sobre el tejado del PP, pero poco más, porque el atasco no tiene visos de solucionarse, y menos aún de manera inminente. El Gobierno rechaza cambiar la ley, como le pide Pablo Casado, para que los jueces elijan a su órgano de gobierno.

Sánchez citó obviamente el "éxito" de la vacunación como piedra angular de la recuperación económica o la actuación en la crisis de Afganistán ("España ha levantado la bandera de los valores europeos en el lugar más difícil y en el momento más adverso"). Pero no dedicó ni un minuto a Catalunya. Muy significativamente. Es evidente que el Gobierno quiere pasar página y que el desafío soberanista no centre la discusión pública. En 15 días, no obstante, habrá de sentarse con la Generalitat en la segunda reunión de la mesa de diálogo. La Moncloa no aclara aún si Sánchez participará en la cita, como le demanda Pere Aragonès, aunque confía en cerrar los detalles (día, delegaciones y temas a discusión) en los próximos días. Por lo pronto, el Consejo de Ministros ha excluido de la planificación normativa la prometida reforma del delito de sedición.

Tras el acto de este miércoles, el presidente regresará al territorio, como le aconsejaron en la Moncloa. Ya estuvo en Ávila y Cáceres la semana pasada, y este miércoles viaja hasta Guadalajara. El sábado, se desplaza hasta Jaén, a un acto del PSOE. Porque ese es otro de los propósitos del nuevo curso y del nuevo equipo del que se ha rodeado en su Gabinete: engrasar mejor las maquinarias de Gobierno y partido.