El Tribunal de Cuentas ha optado por tomarse su tiempo. La delegada instructora de la causa abierta contra exaltos cargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern ha decidido pedir informe a la Abogacía del Estado para poder determinar la suficiencia y legalidad de los avales asegurados con dinero del Institut Català de Finances (ICF). Las dudas vienen determinadas esencialmente sobre si pueden o no cubrir posibles responsabilidades contables, al haber sido asumidos por la Generalitat, que es precisamente la administración presuntamente perjudicada por la actuación de los encausados.

Según informó el propio órgano fiscalizador, la delegada instructora de este procedimiento, Esperanza García, ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento recabar el dictamen de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas para poder pronunciarse sobre la validez de los avales, opción elegida por 29 de los 34 encausados para hacer frente a las fianzas impuestas de forma cautelar. La pasada medianoche terminaba el plazo para la presentación de la documentación que consideran necesaria para fianzar los 5,4 millones de euros.

Mientras se decide el futuro del grueso de las fianzas, Esperanza García dictará providencias para proceder al embargo cautelar de dos de los encausados que no han afianzado. El jueves pasado se informó de que aquellos a los que se había impuesto cantidades menores habían procedido a presentar la garantía en metálico y poniendo como aval bienes inmuebles. El resto lo hizo telemáticamente ese día e hizo entrega de los documentos acreditativos del aval del ICF por correo urgente. Además, está el caso de una exalto cargo de la Generalitat que falleció en el 2017 y al que también se le reclama.

A la mayor brevedad

El presidente de la Sección de Enjuciamiento, José Manuel Suárez Robledano, solicita "a la mayor brevedad" a la Abogacía del Estado que le aclare en un informe “razonado y comprensivo” una serie de extremos. De entrada, si los avales del ICF pueden constituir o no el afianzamiento de las posibles responsabilidades contables que se han podido cometer; si “la concurrencia de dolo (de forma intencionada) o culpa grave” en los encausados se encuentra amparada en el decreto de la Generalitat que regula la creación del fondo complementario de riesgos de la Generalitat (o, en cambio, solo se puede aplicar en los supuestos en que no se den estas imputaciones) y si la jurisprudencia del Tribunal Supremo permite proteger a los cargos públicos que actúen así.

En definitiva, destaca la petición, si es permisible que, directa o indirectamente, sea la propia entidad perjudicada, en este caso la Generalitat, “que representa a todos los integrantes del pueblo de Catalunya”, quien garantice con dinero público la posible responsabilidad contable de los encausados que puedan haber cometido “por dolo o culpa grave”, porque son "los únicos supuestos legales en los que está prevista legalmente dicha responsabilidad reparadora por los perjuicios originados al pueblo de Cataluña y a su erario público", añade el escrito que incluye una copia de los avales presentados por los encausados.

Distintas reacciones

La decisión del órgano fiscalizador ha producido distintas reacciones. "El Govern sigue defendiendo sin fisuras y sin dudas la legalidad de este aval, no hay ningún motivo objetivo para pensar que no se puede aceptar, porque el decreto es jurídicamente impecable, que el Tribunal de Cuentas deje de hacer política y atienda a criterios estrictamente jurídicos”, ha respondido la portavoz del Govern, Patricia Plaja, informa Fidel Masreal.

Por su parte, el Gobierno central, más prudente, no ha querido abundar en el asunto y, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha limitado a destacar que "no es un asunto pacífico desde el punto de vista jurídico", informa Pilar Santos. Por eso, ha añadido, el Ejecutivo está a la espera de las conclusiones del Consell de Garanties Estatutàries.

Informes concurrentes

El término del segundo plazo para presentar fianza ha coincidido con un intento de la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, para suspender el procedimiento recaudatorio. Se basa en una información del digital 'Infolibre' relativa a que dos consejeros del tribunal habrían protestado por no haber tenido suficiente tiempo para estudiar el informe en el que se cuantificó el presunto perjuicio contable a la Generalitat por la acción exterior, lo que habrían plasmado en un supuesto voto concurrente, que reclama.

El Tribunal de Cuentas sostiene que "se ha dado traslado a todas las partes de toda la documentación que se remitió a la delegada instructora y que componían las presentes actuaciones" y dice "desconocer la existencia de la documentación que solicita".