Cataluña solicitará a su Tribunal Superior de Justicia (TSJC) prorrogar las restricciones y ampliar a 4 municipios más el toque de queda, que Navarra volverá a pedir después de que los jueces lo hayan tumbado por falta de concreción.
La comunidad foral había solicitado al TSJN la aprobación de un toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 horas en los municipios que se encontrasen en riesgo alto, es decir el 80 % de las localidades navarras (el 90 % de la población).
El auto del TSJN -que puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo (TS)- considera que el Gobierno de Navarra debería haber identificado a los municipios afectados, además de aportar los datos concretos de contagios en esas comunidades, una información que el Gobierno de María Chivite incluirá en una próxima orden foral para volver a buscar la autorización judicial al toque de queda.
Por su parte, Canarias está a la espera del recurso que presentó ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las islas de no avalar el toque de queda en las islas con más contagios entre las 00.30 y las 06.00 horas.
Además, este martes el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en espacios exteriores y que dote a las autonomías de "un marco de seguridad jurídica suficiente" para decretar el toque de queda sin necesidad de acudir a los tribunales.
Y todo ello, en el mismo día en el que un juzgado de Madrid ha anulado la sanción de 601 euros que el Ayuntamiento de la capital impuso a una menor por no respetar las restricciones aprobadas por la pandemia, en la primera sentencia que se conoce en este sentido después de que el Constitucional declarara nulo el confinamiento del primer estado de alarma.
De esta forma, Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria son las comunidades que han recibido el visto bueno de los tribunales para el toque de queda, que tienen en vigor en parte de su territorio donde los índices de transmisión del coronavirus son más altos.
Cataluña ya recibió la semana pasada el aval de los jueces para aplicar el toque de queda nocturno en los 161 municipios con peores indicadores epidemiológicos hasta el 23 de julio.
En aquella ocasión, el auto explicaba que se trataba de una restricción y no una suspensión de derechos fundamentales, pero advertía que estaba a la espera de la notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el confinamiento del primer estado de alarma.
Ahora, el Govern insiste a la justicia para ampliar la medida a cuatro municipios más y extenderla hasta el 30 de julio.
La Comunidad Valenciana también ha recibido el aval de la justicia para mantener las restricciones que el Gobierno de Ximo Puig había aprobado, entre ellas el toque de queda entre la 1.00 y las 06.00 horas de la mañana en 32 municipios de más de 5.000 habitantes.
Otra comunidad que ha recibido el aval de la justicia es Cantabria, que tiene en vigor el toque de queda en 53 municipios de la comunidad entre la 01.00 y las 06.00 horas de la mañana.
Las últimas comunidades que han anunciado nuevas restricciones son Baleares y Castilla y León, mientras que la Junta de Andalucía ha explicado este martes que no las descarta.
El Govern balear va a aprobar el endurecimiento de las multas por participar en botellones, que serán de un mínimo de 1.000 euros, y prohibirá la celebración de reuniones en domicilios privados entre las 1.00 y las 6.00 horas. Esta medida debe ser avalada también por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares una vez que se plasmen en una orden gubernamental.
El Gobierno de Castilla y León ha pedido a su población que actúe como si hubiera un toque de queda, una medida que el Ejecutivo autonómico decidió que no iba a volver a solicitar al Tribunal Superior de Justicia por el rechazo en anteriores ocasiones.
Además, desde este martes y durante 14 días hay nuevas limitaciones en la hostelería y la restauración, que tienen que adelantar su cierre en la región.
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha abierto la puerta a aplicar restricciones sanitarias ante la escalada de contagios y hospitalizaciones, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de pedir a la justicia el toque de queda.
