Los huérfanos de la violencia machista son los grandes olvidados. Además del dolor por la pérdida de sus madres, en la mayoría de los casos tienen que afrontar graves problemas económicos. Joshua Alonso, cuya madre fue asesinada por su pareja en 2017 tras provocar el incendio de su casa en Galicia, es uno de los rostros más visibles de esta lucha. Acudió al Parlamento español y al europeo, donde exigió cambios legislativos para que los huérfanos no sufrieran un calvario económico. El pasado 24 de mayo, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para mejorar la protección de los huérfanos víctimas de la violencia machista. El texto, que tendrá que ser debatido y ratificado en las Cortes antes de que entre en vigor, elimina trabas e incertidumbres normativas para que los niños y las niñas reciban sin tanta lentitud la herencia económica materna.

La futura norma cambia varias leyes, incluida la del poder judicial y la de enjuiciamiento civil. El texto hace hincapié en la “especial vulnerabilidad de los huérfanos y huérfanas" y recuerda que desde 2013 más de 300 menores se han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista, una cifra que aumentaría considerablemente si se incluyera los mayores de edad (no hay estadísticas oficiales).

El PSOE hace referencia a los complejos trámites administrativos y las trabas para despejar la situación patrimonial tras el asesinato de sus madres, así como las indemnizaciones que les corresponden. “Cuando el régimen matrimonial de las madres es el de la sociedad de gananciales, es necesario proceder a su liquidación para que puedan acceder a la herencia”, reza el texto, que insta a modificar la ley de enjuiciamiento civil para “regular expresamente la legitimación de los herederos de la víctima”. La iniciativa socialista también pide modificar la ley del poder judicial para atribuir a los juzgados de la violencia sobre la mujer (o los de primera instancia con competencia en materia de género) la competencia sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial.

En relación a las indemnizaciones por responsabilidad civil (los padres condenados careen de dinero suficiente y se suele tramitar la adjudicación en pago de otros bienes), la iniciativa legislativa insta a introducir un nuevo beneficio fiscal para eximir de gravamen las transmisiones de bienes o derechos en beneficio de los hijos y las hijas.