El Gobierno se mantiene en sus trece después del traspié (rectificación incluida) que protagonizó este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. No habrá nuevo estado de alarma ni un nuevo equipamiento legal. El presidente, Pedro Sánchez, volvió a insistir este martes en que no hay marcha atrás en su decisión: "El estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro, y se llama vacunación, vacunación y vacunación". 

El jefe del Ejecutivo ya descartó reformas legales ayer desde Atenas, tras participar en un foro económico con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Y este martes se atuvo a ese guión en un breve encuentro con la prensa tras recibir en la Moncloa al presidente argentino, Alberto Fernández. El Gobierno se había mostrado muy firme en las últimas semanas respecto a que no impulsaría cambios legislativos, como le reclaman el PP y parte de sus socios, pero Campo, en una tribuna en 'El País', se mostró abierto a estudiar modificaciones si de las resoluciones del Tribunal Supremo, al que las comunidades autónomas pueden acudir si ven tumbadas sus restricciones frente a la Covid-19 por sus respectivos tribunales superiores de justicia, como ya de hecho ha ocurrido en Canarias y, hoy mismo, en Navarra. Pero el mismo lunes el ministro fue reculando y quien intentó zanjar el debate definitivamente desde la capital helena fue Sánchez. 

Este martes, más de lo mismo. El presidente lanzó desde la Moncloa dos mensajes. Uno, reclamó “coherencia” a la oposición: “No puede ser que eche de menos el estado de alarma y cuando propuse uno de seis meses votara en contra” [los populares en realidad se abstuvieron]. Dos, siguió, “seguridad jurídica”, porque “una ley ordinaria no puede sustituir a la Constitución, es de primero de Derecho”. Es decir, que una nueva norma, una ley de pandemias, como exige el PP, no puede reemplazar la especial protección de que gozan los derechos fundamentales en la Constitución. De hecho, durante meses el Ejecutivo ha esgrimido que la limitación de libertades fundamentales (como el toque de queda o el confinamiento perimetral de una comunidad) solo cabe con el estado de alarma en marcha. Tercer mensaje: hay que continuar obedeciendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Sánchez enfatiza que quedan "99 días" para alcanzar la inmunidad de rebaño, y esa es la clave

Para el Gobierno, se está "iniciando una nueva etapa" gracias al avance de la vacunación, y ya solo quedan "99 días" para lograr el objetivo de que el 70% de la población esté inmunizada. El propio Sánchez abrió en Atenas esa cuenta atrás, lo que conduce a mediados de agosto para conseguir esa meta que, al menos sobre el papel, supondría que España alcanza la llamada inmunidad de grupo o de rebaño.

"Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro, y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación", subrayó el presidente. Sánchez, en la línea que marcó ayer en Atenas y antes otros miembros de su Gabinete, repitió que las comunidades, junto con el Ministerio de Sanidad, disponen de "amplios instrumentos" para contener la pandemia -la ley orgánica de medidas especiales de 1986, la ley de salud pública de 2011 y la posibilidad de reclamar, si lo creen necesario, la aplicación de la alarma en sus territorios- y además cuentan con el sustento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), cuyos acuerdos son de obligado cumplimiento. Las autonomías tienen pues un arsenal jurídico, a juicio del Ejecutivo, para hacer frente "con garantías, eficacia y contundencia al control de la pandemia en este momento en nuestro país".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno apuntaló esos argumentos. La alarma, dijo María Jesús Montero, fue un "acierto" cuando se desplegó, pero solo puede usarse como herramienta "excepcional", y ahora mismo los indicadores epidemiológicos, la bajada de la incidencia acumulada (está ya a 188 casos por 100.000 habitantes) -la razón pública que esgrime el Ejecutivo- son los que aconsejan desactivar este instrumento extraordinario, máxime cuando ya está en marcha la vacuna.

Montero incidió en que el Gobierno siempre ha defendido que, cuando se trata de restringir derechos fundamentales, hace falta de un doble refrendo: del poder ejecutivo y del legislativo o del judicial, por lo que considera "más peligroso" el planteamiento del PP: que un gobierno "por sí solo, sin control judicial", limite libertades fundamentales.

La portavoz animó a las comunidades a que "ejerzan sus competencias", que "no necesariamente" pasan por la restricción de derechos: "No se puede pasar del estado de alarma a abrir las discotecas hasta la madrugada", dijo, señalando implícitamente a Andalucía. Hay, por tanto, un "elenco" de medidas "intermedias" a las que pueden recurrir, como la limitación de aforos y el cierre anticipado de la hostelería o del comercio.

"Razones económicas"

El Gobierno tuvo que escuchar a lo largo de la mañana cómo todos sus socios parlamentarios reprocharon a Sánchez que no haya anticipado la situación de estos días, con aglomeraciones y fiestas en las calles, y haya rechazado aumentar el abanico normativo. 

El PP admite que su propuesta no permitiría el toque de queda, porque "solo" se podría hacer con la alarma

Tanto el PNV, como ERC, PDECat, Bildu, Más País y Compromís criticaron la inacción del Gobierno. En opinión del portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, Sánchez no ha alargado el estado de alarma por “razones económicas”, para que vuelva el turismo, aunque insistió en la necesidad de dar más herramientas a las autonomías y hacerlo cuanto antes. “Se va tarde ya, pero podemos tardar un mes”, dijo.

Íñigo Errejón (Más País) planteó la opción de declarar un estado de alarma que permita transitar a una "desescalada" hasta llegar a las vacaciones de verano, una idea que apoyó Joan Baldoví (Compromís).

"No puede estar todo el mundo equivocado salvo el señor Sánchez", espetó Cuca Gamarra (PP). La portavoz de los populares negó que, como sostiene el PSOE, su ’plan b’, ahora en trámite en el Congreso, busque evitar el control judicial a derechos fundamentales, y agregó que cuando se tome en consideración "podrá ser enmendada por todo aquel que considere que le falte algo". "¿Por tanto, qué miedo tiene el PSOE?", se preguntó.

Te puede interesar:

Los conservadores proponen modificar algunas leyes para permitir el control de los enfermos obligando al aislamiento, limitar las entradas en las zonas afectadas y controlar el movimiento y el derecho de reunión con validación judicial en 24 horas. El objetivo, según los populares, es dar fórmulas para “bajar la actividad en un territorio concreto”.

Gamarra, en todo caso, admitió que su propuesta no permitiría restablecer el toque de queda, porque esa medida "solo cabe en una situación de estado de alarma".