La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido en la mañana de este miércoles en las Corts la gestión de su departamento en el caso de la menor tutelada que acabó con una condena a su exmarido por abusos sexuales.

Oltra ha comparecido esta mañana a iniciativa propia, que anunció el día en que se conoció la sentencia, y a petición de los tres partidos de la oposición. Solo los consellers de Compromís, Vicent Marzà, Mireia Mollà y Rafa Climent, han seguido la comparecencia de Oltra, de la que se han ausentado los de PSPV y Unides Podem.

Oltra ha comenzado su intervención con la lectura de los hechos probados de los abusos de su exmarido a la menor. Pero ha asegurado que no se juzga en ningún caso la actuación de la Generalitat, que ha defendido, y que no hay ningún funcionario de la Administración en la causa. Ha asegurado que siempre ha dado la cara cuando se la ha requerido y que ahora el sistema de protección de menores sí funciona, al contrario de lo que ocurría en los tiempos del PP.

‘A nadie en esta cámara ni fuera le provocan más repugnancia los hechos probados que a mí, porque además son el colofón para Maite (la menor tutelada) de una vida en la que todo le falló desde el principio’, ha dicho la vicepresidenta.

Oltra ha defendido que su conselleria actuó en cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido, algo que conoció a título personal no como responsable de la conselleria por una citación judicial que llegó a su domicilio. Después ha realizado un pormenorizado detalle cronológico de lo ocurrido.

Ha asegurado que después de leer la sentencia ella misma se he hecho muchas preguntas. En ese punto ha añadido que en ningún caso se dio trato de favor a su exmarido desde la conselleria y ha remarcado que su expareja trabajaba en el centro, a cargo de una entidad religiosa, desde cinco años antes a su llegada a la vicepresidencia. 

Ha lamentado que se hayan sembrado dudas sobre posibles interferencias suyas o de la conselleria para beneficiar a su exmarido o que se haya maniobrado desde el departamento para ocultar los apellidos del abusador para no perjudicarle, como desliza la sentencia, algo que ha negado de nuevo.

También ha dicho que no se puede permitir insinuaciones sobre funcionarios que han hecho su trabajo y ha remarcado que errores en el funcionamiento de la Administración no pueden entenderse como intentos de esconder pruebas. ‘La sentencia hace valoraciones, insinuaciones y sospechas que no son hechos probados’, ha lamentado.