El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defiende su inocencia y se siente "completamente indefenso" después de que la Fiscalía Anticorrupción le acuse "de hechos y delitos expresamente descartados" por el juez en la investigación sobre el origen de su patrimonio.

En declaraciones a Efe, Rato reprocha al Ministerio Público por recoger en su escrito de acusación una serie de delitos "que no han sido objeto de la instrucción", la cual "ha contado con 12 millones de documentos requisados, 6 años de duración y 16 informes de la Oficina Antifraude (ONIF) -dependiente del Ministerio de Hacienda-".

Rato reacciona así a la nota de prensa publicada este martes por la Fiscalía Anticorrupción, que solicita entre cuatro y seis años de prisión por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por blanqueo, cuatro por insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental.

Asimismo, pide las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

"Resulta increíble que una institución pública de la Justicia española utilice estos modos para atacar y dañar la imagen y el honor de una persona", señala Rato, que lamenta que la Fiscalía "divulgara sus argumentos" antes de dar a conocer el escrito de acusación.

En su opinión, "divulgar notas de prensa en lugar de la totalidad de los escritos no protege ningún bien público ni derechos, sino todo lo contrario".

"Algunos de estos hechos y delitos han sido expresamente descartados por el instructor"

Para el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ello demuestra que "se ha llevado a cabo una investigación prospectiva, paralela y secreta, denominada Operación Tajuña, a espaldas de la defensa, durante años" por parte de la fiscal, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la inteligencia financiera del Sepblac "y al menos un miembro de la ONIF".

Y recalca: "algunos de estos hechos y delitos han sido expresamente descartados por el instructor, que a lo largo de estos años ha calificado por tres veces las propuestas de la fiscal de investigación prospectiva, actividad prohibida por ley pero sorprendentemente no definida penalmente".

De hecho, el escrito de la Fiscalía va "contra el propio criterio" del magistrado, "único director del proceso, que ya ha decidido qué hechos habrían quedado indiciariamente acreditados".

A su modo de ver, "no debería ser el momento para plantear una nueva causa, ante la endeblez de la realizada, amparándose en la impunidad del papel institucional que nuestro ordenamiento jurídico otorga a los fiscales".

"Ante la omnipotencia e impunidad constante de determinadas instituciones de nuestro sistema de Justicia, no puedo sino sentirme completamente indefenso", concluye Rato.

Un supuesto fraude de 8,5 millones

La Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria.

A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.

Anticorrupción sostiene que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades, con las que habría realizado inversiones en "multitud de cuentas bancarias" abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros.

La documentación obtenida en abril de 2015 tras al registro del domicilio de Rato y en otros lugares muestra que contaba también con cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el fisco, y que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curazao.

De este modo, prosigue Anticorrupción, "se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de 'trust' y sociedades opacas".

Aunque Rato se acogió en noviembre de 2012 a una amnistía fiscal, omitió "cualquier referencia" a una serie de sociedades y declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

También ve "indicios racionales" de que el exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a Bolsa, que se habrían derivado a diversas sociedades logrando "difuminar el origen del dinero".

La causa, abierta en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, incluye a Rato y otras doce personas, además de a ambas agencias en calidad de personas jurídicas.