La responsable de seguridad física del BBVA, Inés Díaz Ochagavia, se ha referido este viernes en la Audiencia Nacional a la carpeta 'drive' en la que el banco comenzó a recopilar documentación sobre los encargos al excomisario José Villarejo, coincidiendo con las primeras publicaciones en prensa.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Díaz Ochagavia ha relatado que fue el director de comunicación del BBVA, Paul Tobin, quien abrió esa carpeta en la nube, y que reconstruyó la relación con Villarejo desde el primer contrato para valorar si la actuación había sido legal.
La jefa de seguridad física del banco, que ha comparecido por segundo día consecutivo como investigada, ha indicado, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que en el "drive" había información relacionada con los constructores Luis Portillo y Fernando Martín, cuya situación patrimonial habría sido investigada.
A tenor de las mismas fuentes, Díaz Ochagavia ha señalado que ella misma dio acceso a esta carpeta a gente de su equipo, y ha dicho que desconoce si el entonces presidente del BBVA, Francisco González, o su "número dos" y sucesor en el cargo, Carlos Torres, estaban habilitados.
Sí que podían entrar a él, en cambio, el que fuera jefe de equipo de seguridad del banco Nazario Campo y el exdirector de los servicios contenciosos corporativos Eduardo Ortega, con el que ella misma habló por una reunión con su predecesor, Julio Corrochano, sobre Cenyt.
Precisamente Corrochano es uno de los nombres más destacados del caso ya que aparece en contratos suscritos con la empresa de Villarejo.
También tenía acceso el exresponsable del área de regulación y control interno del BBVA Eduardo Arbizu, que como ella formaba parte del comité creado por el banco para agrupar todos los documentos relacionados con la contratación de Cenyt.
Con esta última comparecencia, Díaz Ochagavia concluye la declaración que solicitó, a voluntad propia, al titular del juzgado central de Instrucción número 6 Manuel García Castellón y que comenzó este jueves.
Durante la jornada de este jueves, ya se desvinculó de los encargos del banco al excomisario y dijo que nunca autorizó ni verificó las facturas giradas al Grupo Cenyt al tratarse de un aspecto que quedaba fuera de sus competencias.
La operación Trampa gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación del BBVA y de su expresidente Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos como el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, el ex consejero delegado Ángel Cano y el ex responsable de riesgos Antonio Béjar.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
Argumentos que retomaron los fiscales en su último informe, en el que recordaban que, a tenor de los investigadores, la factura de los "múltiples" servicios prestados por Cenyt a BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.
