No ha habido sorpresas. El pleno Parlamento Europeo ha aprobado este martes retirar la inmunidad parlamentaria al 'expresident' Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí. La decisión se ha tomado por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones en el caso del líder de JuntsxCat y por 404 a favor, 247 en contra y 42 abstenciones en el caso de Comín y Ponsatí. La Eurocámara atiende así el suplicatorio solicitado hace 14 meses por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y abre la puerta a la reactivación de las euroórdenes aunque los tres ya han anunciado su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar medidas cautelares.

Para levantar la inmunidad bastaba con una mayoría simple de los 705 eurodiputados que conforman la Eurocámara. El resultado confirma esa mayoría pero también constata una fuga de votos de los tres grandes grupos -Partido Popular EuropeoSocialdemócratas y liberales de Renovar Europa- que junto a los Conservadores y Reformistas Europeos suman 480 escaños. "Con esta decisión, el Parlamento Europeo dice no a las patrañas y mentiras del independentismo catalán y es la prueba de que Europa equivale a Estado de Derecho. Los tres eurodiputados fugados tratan de quedar impunes y la Eurocámara les ha respondido con claridad", ha celebrado Ciudadanos que ha denunciado las "presiones, mentiras e intoxicaciones de los eurodiputados fugados y su entorno".

El mismo mensaje que ha lanzado la presidenta de los socialdemócratas europeos. "Es una victoria de la democracia y los demócratas. Ha sido un trabajo intenso estos últimos tiempos. Ha habido una campaña muy fuerte por parte del independentismo utilizando argumentos que no tenían nada que ver con la realidad. Ahora lo que hacemos es posibilitar que la justicia española haga su trabajo que es a quien le corresponde", ha subrayado Iratxe García.

Un tercio de eurodiputados en contra

Entre los eurodiputados que se han opuesto o se han abstenido, algo más de un tercio del hemiciclo, están los Verdes/Alianza Libre Europea, la Izquierda Europea -en cuyas filas están también Izquierda Unida, EH Bildu, ErC y Unidas Podemos- así como eurodiputados de ultraderecha del grupo Identidad y Democracia al que pertenecen el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen o la Lega de Matteo Salvini y eurodiputados que han optado por no seguir la línea del grupo como la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao. "El Parlamento Europeo da carta a la criminalización de los oponentes políticos", ha lamentado la copresidenta de la Izquierda, Manon Aubry, que considera la decisión "una inconsistencia democrática" que "marca un precedente para la democracia y el estado de derecho en los Estados miembros".

"El documento aprobado por el pleno recoge que "no ha encontrado pruebas de 'fumus persecutionis' que indiquen que la intención subyacente del procedimiento judicial pueda ser dañar la actividad política de un miembro y, por tanto, del Parlamento Europeo". Además, recuerda que el caso por el que se pide el levantamiento de la inmunidad, el proceso del 1-O, no tiene relación con su posición como eurodiputados, sino que se refiere a hechos ocurridos en 2017 y al proceso penal iniciado en 2018.

Vía libre a la euroorden

Aunque ninguno de los tres políticos catalanes perderán su condición de eurodiputados, la decisión despeja el camino para la reactivación del proceso de extradición, que quedó paralizado en Bélgica y en Escocia cuando los tres políticos catalanes fueron designados eurodiputados. Puigdemont ha anunciado, no obstante, su intención de recurrir el levantamiento de la inmunidad ante el TJUE por las supuestas irregularidades que dice han existido en el procedimiento. También tiene intención, junto a sus compañeros, de pedir medidas cautelares.

En todo caso, no es el único que quiere acudir al TJUE. El juez Llarena también pretende enviar una batería de cuestiones prejudiciales a la corte con sede en Luxemburgo sobre las posibilidades de rechazar una euroorden y el caso concreto de Bélgica, cuya justicia ya denegó a principios de año la orden europea de detención y entrega emitida contra el 'exconseller' Puig por malversación de fondos en relación con el referéndum del 1-O. En el caso de los tres eurodiputados, el Supremo les reclama por un delito de sedición y por otro de malversación en el caso de Puigdemont y Comín.