El movimiento feminista afronta su 8M más difícil: la pandemia de coronavirus, que ha afectado con dureza a las mujeres y ha provocado un retroceso global de sus derechos, obstaculiza las movilizaciones masivas y obliga a la contención y a la prudencia cuando la reivindicación es más necesaria que nunca.

Las calles de Madrid, escenario en años anteriores de masivas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, no acogerán este domingo concentraciones ni marchas después de que la Delegación del Gobierno las haya prohibido por cuestiones sanitarias, una decisión que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas" prima sobre el derecho de reunión.

En el resto de España sí habrá concentraciones, aunque de aforo reducido, que no han sido puestas en cuestión, actos al aire libre, aplausos desde los balcones a las 20 horas y celebraciones alternativas adaptadas a un contexto de estado de alarma.

Llamada a la prudencia

Este 2021, la crisis sanitaria ha llevado al Gobierno a hacer un llamamiento a la responsabilidad en pleno estado de alarma y a pedir que una reivindicación alternativa del Día Internacional de la Mujer resuene "con voz alta y clara" pero en el marco de la "cultura de cuidado y prevención", para no poner en peligro la salud ni la seguridad de las personas.

Tras la contienda política que generó la celebración de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo de 2020, sin recomendaciones sanitarias y pocos días antes de que se declarara el confinamiento domiciliario por el pico de contagios de covid-19, este año el Ejecutivo ha optado por la cautela, a pesar de que en estos meses se ha permitido la celebración de múltiples concentraciones, incluidas la de colectivos negacionistas.

La mayoría de partidos políticos ha abogado por una celebración responsable del 8M, pero la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de no permitir que se celebre ninguna manifestación o concentración, ratificada por la justicia, ha desatado la polémica y ha sido duramente criticada por el movimiento feminista y los sindicatos. Una vez más, Madrid en el ojo del huracán por el 8 de marzo.

La Delegación del Gobierno de Madrid decidió prohibir "por motivos de salud pública" las más de cien manifestaciones y concentraciones que se querían celebrar en la región entre el domingo y el lunes porque podrían haber reunido a más de 60.000 personas y algunas de ellas compartían itinerario.

Sindicatos y colectivos feministas recurrieron esta prohibición por considerar que es propia de otros tiempos y criminaliza a las mujeres, puesto que se han autorizado manifestaciones a favor de la sanidad, la educación e incluso conciertos de 5.000 personas.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha mantenido la prohibición de las manifestaciones, tras rechazar tres de los recursos interpuestos sobre diversos actos que iban a tener lugar este domingo, y esta tarde notificará el resto de resoluciones correspondientes a los convocados para el lunes.

Considera el TSJM que el derecho "a la salud, la integridad física y la vida de las personas" prima sobre el derecho de reunión ante el "alto riesgo" de propagación de la covid-19, en línea con lo expresado por la Fiscalía.

Esta decisión sólo se ha tomado en la Comunidad de Madrid, en ninguna otra comunidad, y contrasta, por ejemplo, con la manifestación convocada en Barcelona por la plataforma Vaga Feminista en la que se podrán participar, previa inscripción, 3.500 personas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que la decisión del Ejecutivo tiene como objetivo "no agravar más" la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid, que tiene "las peores cifras de la pandemia": "No poner en riesgo ahora mismo la salud y las vidas es lo primero", aseveró el sábado.

Desde el PP se ha aplaudido la decisión, pero se ha pedido un criterio unánime en todo el territorio porque "no procede que se celebren este año manifestaciones" cuando "hay el mismo riesgo en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La ministra de Igualad, Irene Montero, ha lamentado que haya sectores que señalen y criminalicen al movimiento feminista y que quieran "negar" la calle a las mujeres como espacio para reivindicar y conquistar derechos.

Un grito necesario

El ruido político ha acaparado titulares y ha desviado el foco de las reivindicaciones por las que el movimiento feminista sale a la calle, una paradoja si se tiene en cuenta que la pandemia ha agravado la discriminación, la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres.

Un año en el que ellas además han sido mayoritariamente quienes han estado en primera línea de combate contra el virus y en el que han padecido una mayor precariedad, más desempleo, el incremento de la pobreza y grandísimas dificultades para conciliar en el contexto de la pandemia.

En un momento en el que las feministas necesitan gritar con más fuerza, la situación sanitaria contiene ese grito, pero el movimiento ha organizado en toda la geografía española actos para vindicar los derechos de las mujeres a la vez que sortean los contagios con imaginación y creatividad.

Balcones engalanados, pasacalles musicales, concentraciones con distancia de seguridad y registro previo, vestir de color violeta, rutas en bicicleta y homenajes a las trabajadoras esenciales a las 20 horas son algunas de las formas en las que se censurará la desigualdad, se clamará contra la violencia machista y se exigirá paridad, corresponsabilidad y mayor y mejor inclusión de las mujeres en el mercado laboral.

Un año convulso

Entre el 8 de marzo de 2020 al 8M de 2021, se ha evidenciado que las distintas concepciones feministas del PSOE y Unidas Podemos han provocado fisuras entre los socios del Gobierno de coalición: sobre todo en la elaboración del anteproyecto de ley del sólo sí es sí y en torno al borrador de ley trans.

En este último caso, las diferencias entre los dos partidos mantienen paralizado el borrador, en el que se regula la autodeterminación del género desde los 16 años y que se deje considerar que la transexualidad es una enfermedad.

Los socialistas, capitaneados por la vicepresidenta Carmen Calvo, consideran que el sujeto político de la lucha feminista es la mujer y su único objetivo, acabar con la desigualdad y la violencia, mientras que la ministra Irene Montero aboga por una corriente más inclusiva que luche también contra la discriminación LGTBI o el racismo.

Estas diferencias han calado en el movimiento feminista, en el que se han visto posturas abiertamente enfrentadas, ya que diversos colectivos alertan de que la ley trans supondría negar la existencia del sexo biológico y, con ello, la de las desigualdades que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el lunes en un acto junto a la ministra de Igualdad y ha lanzado un mensaje conciliador: "Este 8M necesitamos más feminismo que nunca, juntas y juntos".