El juicio contra el educador y exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, por presuntos abusos a una menor tutelada en el centro en el que trabajaba ha quedado este lunes visto para sentencia. En el último turno de palabra Luis Eduardo R. I., como ya hiciera en la anterior vista oral cuya sentencia condenatoria tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha vuelto a señalar (con eufemismos) a los menores tutelados como conflictivos y mentirosos. "Son niños muy difíciles, no quieren mentir por maldad, pero no tienen clara la barrera entre la realidad y la ficción".

Habitualmente durante el último turno de palabra que se les concede a todos los acusados, éstos optan por guardar silencio o bien para brevemente volver a insistir en su inocencia o mostrar su arrepentimiento. No obstante, el educador, que se enfrenta a cinco años de prisión, pena que ha mantenido la Fiscalía pese a considerar los hechos como agravados, ha realizado un discurso como si de una nueva declaración se tratara, relatando información personal, como la adopción de sus hijos y una conversación con uno de ellos tras una pelea en el colegio. "De golpe y de repente me encuentro en esta pesadilla en la que aparezco como un monstruo sin serlo". También ha recordado el episodio en el que la víctima agredió a otro educador del centro. “Cuando se enfada sabe pegar”, ha puntualizado el acusado sobre la menor.

La fiscal ha explicado en su informe que la chica, de quince años, es una menor institucionalizada desde los cuatro y ha mantenido inalterable la misma versión, sin modificaciones, pese a haber declarado hasta en once ocasiones y que nadie la creía. Así, dada la especial vulnerabilidad de la víctima, aprecia la agravante de superioridad, ya que el acusado se habría aprovechado de su condición como educador, de trabajar en el turno de noche, de la diferencia de edad, y era conocedor del desarraigo familiar de la menor.

De igual modo considera que los dos informes que motivaron la repetición parcial del juicio son anómalos y un mero apoyo que debe valorar el tribunal. De hecho, el informe del Instituto Espill fue encargado por la propia Conselleria de Políticas Inclusivas, en manos de Oltra, cuando el caso ya estaba judicializado. Así, la fiscal ha introducido que la conselleria debería haberse sentado como responsable civil subsidiaria al tratarse de una víctima tutelada y para aclarar el trato que se le ha dado durante todo el proceso, llegando esposada al juicio antes de su declaración como si fuera la acusada.

Por su parte, la defensa del procesado, ejercida por la letrada Ana Cal, mantiene que la menor mintió con el único fin de salir del centro y escogió a su representado porque en el turno de noche solo había dos educadores y las posibilidades se reducían. Así, ha puesto en duda de nuevo la imparcialidad de la Sala, la misma que ya condenó al acusado en la sentencia anulada por el TSJCV, quien ya introdujo en el fallo el agravamiento de los abusos que ahora solicita la Fiscalía.

Los hechos se remontan a los años 2016 y 2017, cuando la víctima estaba interna en un centro de acogida de València por su situación de desamparo. En el anterior juicio la Sección Segunda de la Audiencia Provincial consideró probado que el educador acudía a la habitación donde dormía la menor y le masajeaba la zona del cuello ante la petición de la niña, que tenía dificultades para conciliar el sueño. Una vez creía que estaba dormida, le cogía la mano y se masturbaba con ella, todo ello según la versión que ha mantenido la víctima durante todo este tiempo y tras haber sido interrogada por psicólogas de la conselleria, del Instituto de Medicina Legal, del Instituto Espill y en sede judicial.