El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral consideró este martes "prematuro aventurar un careo" entre el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que comparecerá como testigo en el juicio de la caja b del PP, porque aún se ignora si existen contradicciones "que afecten a intereses de la causa, al objeto del enjuiciamiento, no otros hechos que se traten de acreditar". En la misma línea se mostraron la Abogacía del Estado y las acusaciones populares personadas en relación con la diligencia planteada por la defensa del principal acusado en cuestiones previas. El tribunal anunció que las responderá por escrito y se limitó a suspender el juicio hasta el próximo martes para dar tiempo al exgerente del PP acusado, Cristóbal Páez, a recuperarse de coronavirus.

Y en cuanto a los periodistas con los que Bárcenas trata de suplir el déficit que dice padecer a consecuencia del robo de documentos que sufrió en 2013 y que se investiga en la 'operación Kitchen', el representante del ministerio público señaló que una investigación periodística no les convierte en testigos directos de unos hechos y admitió "carecer de elementos para poder valorar y decir sí o no a la utilidad y necesidad de los testigos". El abogado Gonzalo Boye, en nombre del Observatori Desc, fue mucho más categórico, porque sostiene que son testigos de referencia que deben preservar sus fuentes, por lo que solo tendría sentido el que dispone de la grabación relativa al extesorero ya fallecido Álvaro Lapuerta para que la aporte.

Por su parte, para que "Bárcenas no declare atribulado o condicionado", anunció que renuncia a la testifical de su esposa, Rosalía Iglesias. "Que para alterar su ánimo ya está la 'operación Kitchen', señaló, pero presentó un nuevo escrito de calificación, porque "en seis años ha pasado tanta agua bajo el puente, que ni Luis es ya fuerte", en referencia a los mensajes que Mariano Rajoy le envió cuando ingresó en prisión, en el que seguía siendo propuesta en esa condición

Esperar a Páez

El ministerio público se mostró partidario de suspender el juicio hasta el próximo lunes para dar tiempo al acusado Cristóbal Páez a recuperarse del coronavirus que padece, como solicitó su abogado en la sesión de este lunes. El representante del ministerio público sostiene que al no ser una suspensión larga se respetaría el derecho del exgerente del PP a asistir a su juicio, punto que Virgilio de Latorre, que ejerce la acusación en nombre varios socialistas valencianos, matizó que no se trata de un derecho sino de una obligación cuando la pena que se solicita para una personas supera los dos años de prisión, con independencia de que se les dispense de asistir si así lo solicitan.

Romeral, al igual que luego hizo la Abogacía del Estado, volvió a defender la delimitación del objeto del procedimiento, porque en "un juicio hay que tener de forma clara los presupuestos fácticos y jurídicos", lo que se dirige contra la acusación ejercida por la acción popular que en nombre de Izquierda Unida, socialistas valencianos y madrileños, la asociación Adade y el Observatori Desc solicitan penas que rondan la veintena por muchos más delitos que el ministerio público. En nombre de IU, Juan Moreno defendió la importancia del contexto, relativo a de dónde procedía el dinero negro con el que se habrían pagado las obras de la sede del partido, para entender qué se juzga y que la ciudadanía lo conozca.

Acusaciones populares

La representante de los Servicios Jurídicos del Estado, Rosa María Seoane, había ido más allá y compartió con las defensas, especialmente la del PP, la necesidad de expulsar a las acusaciones de el procedimiento. El abogado de Adade, Mariano Benítez de Lugo, centró su intervención en defender la actuación de las acusaciones populares para defender los intereses de los ciudadanos frente a la inacción de la fiscalía, argumento que luego reforzó Boye hasta con los atentados del 11-M, en los que ejercieron la acusación frente a la posición que recordó mantuvo el PP, al que reprochó con dureza cómo se había dirigido hacia la acción popular su letrado. Raúl Maíllo, en nombre de Izquierda Unida, defendió la actuación de la acusaciones y recordó que este procedimiento se inició a instancias de la querella que la formación junto con otras organizaciones presentó en su día para investigar la caja b del PP.

En lo que ninguno de ellos dio la razón a las defensas es en la prescripción del delito fiscal que se juzga por las obras de la sede central del PP, ya que la providencia dictada en julio de 2013, cuando se conocieron los llamados 'papeles' del extesorero del PP Luis Bárcenas, ya se dirigía contra los acusados, aunque no mencionara expresamente la empresa que se encargó de la reforma, Unifica. Latorre, que considera que las defensas utilizaron las cuestiones previas como "una lluvia fina" de sus líneas de defensa, incidió en la jurisprudencia del Supremo y de la Audiencia Nacional para descartar la prescripción de los delitos fiscales.

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