El abogado de la acusación Jaume Alonso-Cuevillas ha pedido en el juicio por los atentados de 2017 en Cataluña que el tribunal ordene investigar si el cerebro de los mismos, el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, sigue vivo y si hubo negligencia del Estado por la relación de éste con el CNI.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes con los informes de las acusaciones el juicio a dos presuntos miembros de la célula, Mohamded Houli y Driss Oukabir, y a un supuesto colaborador Said Ben Iazza, que se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de 41, 36 y ocho años de prisión, respectivamente.

Están acusados de participar en los preparativos de los atentados de Las Ramblas de Barcelona la tarde del 17 de agosto de 2017, mediante un atropello masivo con una furgoneta, y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) la madrugada del día 18, con cuchillos y un hacha, que se saldaron con 16 muertos y 140 heridos.

Estos atentados tuvieron lugar a raíz de la explosión ocurrida el la noche del 16 de agosto de 2017 en la casa de Alcanar (Tarragona), en la que los terroristas preparaban artefactos para cometer atentados, y la Fiscalía mantiene que en la misma fallecieron dos miembros de la célula, uno de ellos Abdelbaki Es Satty, el imán que la formó.

Este martes han emitido sus informes Jaume Alonso-Cuevillas y Agustí Carles, abogados de la acusación ejercida por los padres de un niño de 3 años muerto en Las Ramblas.

Jaume Alonso-Cuevillas, que es diputado de Junts per Catalunya (JxCat), ha solicitado a la Sala que además de condenar a los acusados ordene que se abra una investigación de una supuesta responsabilidad del Estado por no haber detectado los preparativos de los atentados a pesar de tener controlado a Abdelbaki Es Satty.

Visitas en la prisión

El letrado ha mantenido que Es Satty recibió visitas en la prisión de Castellón, donde cumplió una condena por delito de tráfico de drogas entre 2010 y 2014, de agentes de los servicios secretos y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ha recordado que además el presidente de la comunidad islámica de Diegem (Bélgica) testificó en el juicio que cuando Es Satty intentó ser el imán de su mezquita en 2016 le sorprendió hablando por teléfono en castellano y le explicó que estaba en comunicación con los servicios secretos españoles con los que dijo tener una relación fluida.

A juicio de Alonso-Cuevillas no ha quedado acreditado que Es Satty falleciera en la casa de Alcanar pues los peritos de Marruecos que elaboraron el informe de ADN con el cotejo de restos recogidos en el lugar con familiares no lo han ratificado en el juicio y "no cumplieron los estándares científicos y jurídicos".

Y ha advertido de que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad comunicó el 20 de agosto de 2017 al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional el fallecimiento de Es Satty cuando los restos mortales fueron recogidos el 19 y ese día y aún no había informe de identificación alguno.

Alonso-Cuevillas ha recordado también que según declaraciones de testigos la furgoneta de Es Satty fue vista el 21 de agosto en Sant Carles de La Ràpita.

El atentado de Las Ramblas fue cometido el día 17 por Younes Abouyaaqoub, abatido cuatro días después en un camino de Subirats (Barcelona) por los mossos d'Esquadra, que ya abatieron también la madrugada del 18 a los cinco terroristas que estaban atacando a personas en el paseo marítimo de Cambrils.

Para Alonso-Cuevillas llama la atención que los restos atribuidos a Es Satty estén enterrados en un cementerio cristiano de Alcanar y sean los únicos de los terrorista muertos que no han sido reclamados por ninguno de sus familiares en Marruecos, en concreto su esposa y sus nueve hijos.

Ha añadido que también es "extraño" que a pesar de haber estado en prisión por tráfico de drogas posteriormente fuera revocada su orden de expulsión y se le concediera un permiso de residencia.

Asimismo Alonso-Cuevillas entiende que se debe esclarecer si hubo negligencia del Estado por no haber regulado los controles de la venta de precursores de explosivos como los que compraron los miembros de la célula tal como había establecido un reglamento europeo en 2013 y que tendría que haberse aplicado ya en 2014.