No ha habido sorpresa. La fiscalía pide rechazar la ampliación de querella presentada por Izquierda Unida y otros colectivos de izquierda en el Tribunal Supremo contra el Rey Emérito después de que se conociera que había procedido a regularizar 678.393 euros para tratar de librarse de la segunda de las diligencias de investigación abiertas por el ministerio público, en concreto, la relativa al pago de gastos personales de él y otros miembros de su familia, como sus nietos Victoria Federica y Froilán, con una tarjeta que no estaba a su nombre, sino de quien fue su ayuda de campo Nicolás Murga y con fondos presuntamente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Es el mismo criterio que mantuvo la fiscalía con la primera querella presentada por IU y la interpuesta por Ómnium Cultural. En el informe relativo a esta última señalaba que las diligencias abiertas por el ministerio público abrían un abanico de posibilidades para investigar los 65 millones de euros que habría recibido de la monarquía saudí por la construcción del AVE a La Meca, contenidas en la primera diligencia de la fiscalía. En su informe, el ministerio público señala que sus tres diligencias se encuentran pendientes de la práctica de varias diligencias, "cuya realización será decisiva para determinar la participación que la persona investigada hubiese podido tener en la realización de tales hechos, y la consideración técnico-jurídica que los mismos pudieran merecer", y que "solo en el supuesto de que la persona del investigado (u otra u otras en su caso) fuesen presuntamente responsables de hechos con significación penal, el fiscal interesaría su inmediata judicialización formulando la oportuna denuncia o querella".
La Fiscalía recuerda que "la reapertura", fórmula solicitada por IU, "solo es posible en los supuestos en los que se hubiera acordado en un procedimiento penal ya iniciado el sobreseimiento provisional y hubieran aparecido nuevos elementos de prueba que no constaran en la causa previamente sobreseída", lo que no ha ocurrido con el Rey Emérito, porque la primera querella ya fue inadmitida por el Tribunal Supremo por auto del 1 de abril de 2019, por lo que no puede procederse "a la reapertura de un proceso que nunca se abrió".
Asimismo, el informe de la Fiscalía repara en que la solicitud de reapertura no señala en qué nuevos elementos de prueba pretende basar su petición. El auto de 27 de julio de 2020 del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó una reapertura parcial de la llamada 'pieza Carol' del caso Villarejo únicamente respecto de hechos imputables a otras personas, manteniendo el sobreseimiento respecto al resto, como es lógico, ya que el rey no puede ser investigado por la Audiencia Nacional. Además, la pieza volvió a archivarse el pasado mes de octubre.
Inviolabilidad
El informe, además, reitera que se impone su rechazo de plano por la inexistencia de procedimiento abierto o pendiente de reapertura, al haberse inadmitido de plano la querella presentada. Y hechos incluidos en la ampliación son anteriores al 19 de junio de 2014 y, por tanto, a la abdicación del querellado, por lo que estaría amparado por la inviolabilidad que el art. 56.3 de la Constitución garantiza al Jefe del Estado.
La formación liderada por Alberto Garzón presentó el pasado diciembre una ampliación de la querella que impuso contra el rey emérito en 2018 para poner de manifiesto las informaciones desveladas en los últimos meses sobre sus finanzas. En el escrito se detalla la supuesta comisión de hasta 13 delitos por parte del exjefe del Estado y otras cuatro personas. En la ampliación presentada, los demandantes recordaban las investigaciones de la Fiscalía y varios medios de comunicación que desvelaron que elos 65 millones de euros de Arabia Saudi recibiosen 2008. Una "comisión o dádiva", detalla el texto, por la que Juan Carlos I recibió una rentabilidad anual del 7% en una cuenta suiza sin que reflejara estos rendimientos "en su declaración anual de IRPF como obligado tributario".
