El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha perdido la paciencia y en un duro acuerdo aprobado por 16 votos frente a cinco ha advertido al Congreso de que la tramitación urgente, para lo que se ha habilitado este mes, de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos mientras esté en funciones, no respeta las exigencias del principio de separación de poderes. Los vocales discrepantes fueron todos elegidos a propuesta del partido socialista y una de ellos por Izquierda Unida.
El acuerdo insta de nuevo a las fuerzas políticas con representación en las Cortes para proceder "a la mayor brevedad" a su renovación que lleva pendientes más de dos años, pero esta vez añade la coletilla de que "antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales". Recuerdan que "esa es la única vía para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial".
Caso omiso
Previamente el Consejo "lamenta profundamente que el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso de la solicitud que le dirigió mediante el acuerdo adoptado" en su pleno de diciembre "para que la citada proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho y se diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia", explica.
Añade que esa petición "no era más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial". De ahí que desatenderla sin dar explicación alguna "preocupa especialmente" al Consejo, porque considera que "la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial", así como de las entidades del mundo judicial.
Por eso "se ven en la obligación" de solicitar "desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones -eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 CE le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".
