La Fiscalía pide condenar a 4 años de cárcel y a una multa de 2 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por un delito de cohecho pasivo en relación a la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007 investigada en el llamado caso Lezo.

En esta causa, en la que finalmente fue que exculpado el expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, también figura su yerno y exconsejero de OHL Javier López Madrid, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, mayor pena que para González al añadirle al delito, en su caso de cohecho activo, el de falsedad documental.

Así para López Madrid solicita 6 años y medio de cárcel por estos hechos, así como también una multa de 2 millones de euros que en caso de impago se sustituiría con un arresto sustitutorio de 10 meses.

Esta es la misma pena que pide para los exdirectivos de OHL Felicísimo Damián Ramos y Arturo Martín de Nicolás, también procesados en esta pieza del caso Lezo.

Para los otros dos acusados, el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; y el empresario Adrián de la Joya -imputado en el caso del excomisario José Villarejo-, pide 4 años y 3 años y medio de cárcel, respectivamente y la misma multa que para el resto, aunque en el caso de De la Joya es de 1,8 millones.

También reclama para los seis procesados condenas de inhabilitación para cargo público, que en el caso del expresidente madrileño, sucesor de Esperanza Aguirre, pide que sea por 10 años.

Esta es la segunda pieza del caso Lezo en la que ha formulado escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción, que también ha pedido ocho años de prisión para él por otra pieza donde se ha investigado la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal en 2013.

A lo largo de su escrito, la Fiscalía relata las "ilicitudes" que rodearon al proceso de adjudicación a OHL de las obras del mencionado tren que unía las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

La adjudicación, según Anticorrupción, "obedeció a un plan ideado" por López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás que incluía destinar 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) "al abono de una ilícita comisión".

Entre los beneficiarios estarían el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel e Ignacio González, expresidente de la empresa pública y vicepresidente madrileño entre 2003 y 2012, con el objetivo de que este último "ejerciera su influencia" sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de MINTRA, empresa encargada de la licitación.

Damián Ramos, "siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico", Rafael Arturo Martín, ordenó transferir 2,5 millones de dólares de las cuentas de OHL en España a otras abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo.

En noviembre de 2007 presuntamente ordenó de nuevo transferirlos desde México a la cuenta suiza de una sociedad panameña propiedad de De la Joya, quien "hizo llegar" a Ildefonso de Miguel "fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros".

Sin embargo, "no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones" entre De Miguel e Ignacio González.

El 7 de octubre de 2011, pese a que la sociedad concesionaria paralizó la ejecución de las obras al no conseguir financiación, pidieron una modificación contractual, como habían presuntamente planeado, pero MINTRA entonces ya había sido disuelta, por lo que "no lograron culminar su propósito" dado que la Consejería de Transportes e Infraestructuras inadmitió su solicitud.