17 de diciembre de 2020
17.12.2020
La Opinión de Murcia
Investigación

IU amplía su querella contra Juan Carlos I ante el Supremo

En el escrito hacen referencia a informaciones desveladas por distintos medios sobre las cuentas bancarias del Rey emérito

17.12.2020 | 08:57
Juan Carlos I .

Izquierda Unida quiere reforzar su litigio judicial contra Juan Carlos I. La formación liderada por Alberto Garzón ha presentado ante el Tribunal Supremo una ampliación de la querella que impuso contra el Rey emérito en 2018 para poner de manifiesto las informaciones desveladas en los últimos meses sobre sus finanzas y el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca. En el escrito se detalla la supuesta comisión de hasta 13 delitos por parte del exjefe del Estado y otras cuatro personas.

En la ampliación presentada, a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, los demandantes señalan que las investigaciones de la Fiscalía y de varios medios de comunicación han desvelado que el rey emérito recibió 65 millones de euros de Arabia Saudi en 2008. Una "comisión o dádiva", detalla el texto, por la que Juan Carlos I recibió una rentabilidad anual del 7% en una cuenta suiza sin que reflejara estos rendimientos "en su declaración anual de IRPF como obligado tributario".

Además, explican que en septiembre de 2018, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria informó de que Juan Carlos I no había presentado ninguna declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero ni había constancia de que el Rey emérito tuviera cuentas corrientes en el extranjero. A estos hechos, añaden el paso que dio Felipe VI en mayo al renunciar a los derechos que tenía como beneficiario de la fundación Lucum, de la que era beneficiario si su padre fallecía.

Dádivas y tarjetas opacas

Por otro lado, los tres demandantes hacen referencia a otras "dádivas" que recibió Juan Carlos I de distintos países, basado en informaciones publicados por diferentes medios de comunicación. En concreto, detallan que recibió 1,7 millones de euros procedente de de Baréin en 2010 y 5 millones de dólares del jefe de Estado de Kazajistán en 2002.

También hacen referencias al uso de tarjetas opacas por parte del Rey emérito y varios miembros de su familia. Unos hechos que derivaron en la presentación de una declaración ante Hacienda para regularizar su situación abonando cerca de 680.000 euros. El texto se hace eco de varias informaciones más antes de exponer que de todo ellas "se desprende una larga continuidad temporal en la conducta" de Juan Carlos I "con indicios de actividades ilícitas" al menos desde el año 2002.

Delitos y querellados

Así, en la querella se identifican 13 delitos -siete cometidos presuntamente por el rey emérito-: los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Además, el litigio va dirigido contra el primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans; el abogado Dante Canonica; el que fuera hombre de confianza del rey emérito, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza; y el benefactor del exjefe del Estado Allen Sanginés-Krause.

Reactivar el litigio

En agosto, IU ya solicitó al Alto Tribunal reabrir la querella criminal que había presentado junto al Partido Comunista de España y la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierda en 2018. Una petición que el Supremo todavía está estudiando, aunque a finales de noviembre solicitó a los demandantes una fianza de 12.000 euros, que ya ha sido abonada, para ejercer la acusación popular.

La querella de 2018 se basaba en el audio de una conversación entre el excomisario Jose Manuel Villarejo y la empresaria Corinna Larsen en la que ella apuntaba que Juan Carlos I tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferros y había cobrado comisiones por la construcción del AVE a La Meca. No obstante, el Supremo archivó la querella al entender que los hechos ya fueron investigados por la Audiencia Nacional en el marco del 'Caso Tándem'.

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