El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado cuatro nombramientos de cargos judiciales en medio del debate de una reforma legal para prohibir que tome este tipo de decisiones cuando esté en funciones, como es el caso actual.
Solo tres de los veintiún vocales del Consejo (Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda) han votado en blanco a los nombramientos como muestra de su oposición a que el Consejo siga designando cargos a pesar de que su mandato expiró hace más de dos años.
Entre los nombramientos más destacados está el de José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, puesto que estaba vacante desde el nombramiento de su antecesor, Ricardo Bodas, como magistrado del Tribunal Supremo.
El magistrado ha obtenido 17 votos de los 21 del Pleno, por uno de Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Juez de lo Social desde 1990 y a cargo del juzgado 33 de Madrid desde 1992, estuvo en comisión de servicios entre 2014 y 2015 en la Sala que ahora va a presidir.
Es autor de numerosas publicaciones de divulgación científica sobre, entre otros asuntos, el despido de trabajadoras embarazadas, la jubilación, el acoso laboral y el acoso moral, la discriminación de los jóvenes en el trabajo, la articulación procesal de los despidos colectivos e individuales o la discapacidad como factor de discriminación, según informa el CGPJ.
Además, el Pleno ha elegido a María José Renedo Juárez presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; a David Ordóñez Solís presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y a Joaquín González Casso presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos han obtenido 18 votos.Reforma legal
El CGPJ tiene también previsto estudiar los escritos presentados por dos grupos de vocales que aspiran a dictaminar la reforma legal impulsada por el PSOE.
Uno de esos escritos quiere que el CGPJ solicite del Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley, mientras que el otro propone examinar la iniciativa sin que lo pidan las Cortes.
Al tratarse de una proposición de ley presentada por grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo, la ley no establece que los órganos consultivos deban emitir informes, pero hay malestar entre varios vocales, que consideran que la iniciativa es un "insulto" a su independencia.
La reforma inició su tramitación el martes, avalada por la mayoría del pleno y con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, mientras sigue en suspenso otra proposición presentada también por los grupos de la coalición de Gobierno para rebajar la mayoría de tres quintos necesaria para elegir al nuevo Consejo.
Para alcanzar esos tres quintos es necesario el acuerdo del PSOE y del PP, pero la conversación telefónica que mantuvieron este martes Pedro Sánchez y Pablo Casado no permite atisbar un próximo pacto.
