La Fiscalía Anticorrupción ha defendido ante la Audiencia de Barcelona la legalidad de las intervenciones telefónicas del caso Voloh, aunque inicialmente no compartiera la necesidad de ordenarlas, y ha descartado que hayan vulnerado derechos fundamentales de los investigados.

Según han informado fuentes del ministerio público, la Fiscalía se ha opuesto así al recurso que algunos de los detenidos en el caso Volhov, entre ellos el empresario y excargo de CDC David Madí, han presentado ante la Audiencia de Barcelona para que declare la nulidad de las intervenciones telefónicas que sustentan la investigación, al entender que se basan en meras "conjeturas".

Las intervenciones telefónicas impugnadas fueron ordenadas por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en el marco de una causa centrada en el presunto desvío de fondos públicos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que ha derivado en otras investigaciones sobre supuesto tráfico de influencias en negocios de empresarios próximos al soberanismo como Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell.

En el escrito presentado ante la Audiencia, la Fiscalía sostiene que, independientemente de si está o no de acuerdo con la dirección de la investigación, el auto que acordaba las intervenciones telefónicas está suficientemente motivado.

En ese auto, razona el ministerio público, el juez instructor expone los motivos que le llevan a ordenar las escuchas y la gravedad de los delitos investigados, con lo que concluye que las intervenciones telefónicas y seguimientos son una medida necesaria y proporcional.

Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental a los investigados y que las intervenciones telefónicas no adolecen de ningún "vicio de nulidad" aunque insiste en que no comparte la necesidad de esa medida.

De hecho, en agosto de 2019, cuando la causa estaba aún bajo secreto de sumario, la Fiscalía se opuso a la primera intervención telefónica a los empresarios detenidos en la Operación Volhov -Madí, Vendrell y Oriol Soler- solicitada por la Guardia Civil, al considerarla "precipitada" por falta de indicios.

Para oponerse a esa primera intervención telefónica, que la Guardia Civil planteaba para seguir el rastro de una criptomoneda que estarían impulsando cargos del Govern, el fiscal Anticorrupción aducía que ninguno de los investigados "tiene responsabilidad en el gobierno" y que las conversaciones de Terradellas eran de mayo de 2018.

También alegaba la Fiscalía que los investigadores no habían identificado claramente el dinero presuntamente malversado para el uso de criptomonedas -una de las vías que el juez sospecha se iban a emplear para hacer llegar los fondos a Puigdemont- y que, en todo caso, su creación "no puede considerarse delictiva".

En su recurso ante la Audiencia de Barcelona, los investigados piden que se declare la nulidad de esa primera intervención telefónica, acordada en agosto de 2019, y de todas las prórrogas posteriores, al concluir que se les ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y se les ha provocado indefensión.

Los tres empresarios citados fueron detenidos el pasado 28 de octubre, junto a una veintena de personas, en el marco de una pieza separada que deriva de unas conversaciones grabadas intervenidas en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, principal imputado en una causa abierta hace más de cuatro años por un presunto desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a la extinta formación.