El Partido Popular quiere poner freno en las autonomías donde gobierna -Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia- a la reforma educativa, la Lomloe o Ley Celaá, para blindar la escuela concertada ante lo que considera un ataque a la libertad de elección de las familias.
El vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha defendido este viernes en una entrevista con Antena 3 que "hay capacidad normativa" para "poder parar parte de las acciones lesivas que pueda poner en marcha esta ley" a través de "decretos y órdenes" de las consejerías de Educación.
El personal y las subvenciones directas a la concertada dependen de las comunidades autónomas y el PP tratará de "bloquear aquellas cosas que ataquen a la libertad de elección de centro" ante una reforma educativa que consideran además una "imposición soberanista".
La ofensiva del PP contra la ley Celaá incluirá un recurso ante el Tribunal Constitucional, recogida de firmas y acudir a las protestas convocadas por la plataforma Más Plurales. Además, presentará mociones en todos los parlamentos regionales, diputaciones y en los ayuntamientos, gobierne o no.
En las cinco autonomías donde gobiernan los 'populares' reforzarán además la construcción de centros concertados, pues consideran que esta modalidad educativa debe ser "complementaria" y no "subsidiaria" a la enseñanza pública.
El PP quiere apoyar además la educación especial, garantizando que los padres puedan elegir esta fórmula o la educación inclusiva. Los 'populares' rechazan asimismo el cambio en la inspección, que sustituye por una valoración de capacidades la oposición, pues teme que esta tarea recaiga en "comisarios políticos" y no en funcionarios.
El PP considera que la ley educativa vulnera la autonomía local impidiendo que un consistorio de en concesión un suelo público para construir un centro concertado o privado. Las críticas a la reforma educativa se replican ya en las autonomías dirigidas por el PP.
En Galicia, el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoó ha asegurado este viernes, en una entrevista con Onda Cero, que esta ley impide que la clase media elija el centro educativo de sus hijos, una posibilidad que a su juicio se reserva a "las gentes que tienen dinero". El PP gallego defiende además que en Galicia no se va a eliminar el castellano como lengua vehicular.
Madrid también ha mostrado su resistencia a la ley. El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, afirmó este jueves que pueden no solo recurrir la ley al Constitucional, sino llevar a los tribunales contencioso administrativos los decretos de desarrollo, y la aplicación dependerá de la Comunidad de Madrid.
